Las nucleares financiarán su desmantelamiento mediante tasas
El nuevo sistema de financiación del desmantelamiento de las centrales nucleares y el tratamiento de los residuos se desbloquea. El Gobierno ha encontrado una solución normativa para poner en marcha el cobro de tasas, en lugar de pagos directos, que ya figuraba en la ley de medidas energéticas de abril. Las tasas evitarán que las eléctricas tengan que realizar provisiones.
El Pleno del Senado debate mañana el proyecto de Ley sobre Sociedades de Inversión Inmobiliaria (Socimis). En ella figura una enmienda del Grupo Socialista (la número 66) que establece un importante cambio en la financiación de la gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales nucleares.
A partir del 1 de enero de 2010, y una vez que esta ley supere el trámite parlamentario y entre en vigor, dichos servicios se financiarán mediante tasas que las propietarias de las centrales deberán pagar mensualmente a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).
Desde el año 2005, en que una ley obligó a las eléctricas a financiar la práctica totalidad del coste del tratamiento de los residuos, que hasta entonces pagaban los consumidores en el recibo de la luz, las eléctricas desembolsan las cantidades correspondientes mediante facturas a Enresa. Aproximadamente unos 200 millones al año, además de las compensaciones a los ayuntamientos de los municipios en los que están ubicadas las centrales, que también están obligadas a pagar las compañías.
Fuentes del sector aseguran que las propias empresas habían venido reclamando este sistema de financiación porque les resulta más ventajoso desde el punto de vista contable, fiscal y del valor de la propia sociedad. El pago actual (antes de impuestos) iba a parar directamente a su resultado bruto de explotación (Ebitda), que es el referente que el mercado utiliza en la valoración de las empresas cotizadas. En cambio, la tasa irá directamente al beneficio neto. Además, la dotación al fondo de financiación de los planes generales de residuos radiactivos será deducible en el impuesto de sociedades.
Sin embargo, pese a que este sistema ya se estableció en el real decreto ley de medidas energéticas del 30 de abril, existía un inconveniente legal que Industria ha logrado solventar, y es que Enresa no podía cobrar tasas por ser una sociedad mercantil. En dicho real decreto ley ya se condicionaba el cobro del tributo a que Enresa se convirtiera en una entidad pública empresarial dependiente de Industria. Algo complicado para este departamento, dado el papel de inversor financiero de una compañía con una plantilla de unas 200 personas.
Solución legal
La enmienda incluye la solución: esta empresa pública propiedad de la SEPI, "se constituye como medio propio y servicio técnico de la Administración", una figura que contempla la ley de contratos del sector público que le permitirá realizar "las funciones que le sean encomendadas por el Gobierno". En este caso, y por cuenta del Tesoro , del cobro de la citada tasa, que estará al margen de los Presupuestos.
La enmienda reconoce que, aunque este sistema de financiación ya estaba configurado en diversas disposiciones legales desde 2005, no ha podido entrar en vigor "al estar supeditado a la previa configuración de Enresa como entidad pública empresarial". El cambio de naturaleza jurídica como sociedad mercantil ya no se considera necesaria.