Presupuestos 2010, a la deriva
Tener dos y gastar tres, y gastarlos mal. Así de lacónicamente podrían resumirse los Presupuestos Generales del Estado para el 2010 que el Gobierno acaba de presentar al Congreso para su aprobación.
Y por desgracia no estoy exagerando. Frente a unos ingresos previstos del orden de 120.000 millones de euros, los gastos ascienden a más de 180.000 millones, con lo cual para cuadrarlos habrá que acudir al endeudamiento por la astronómica cifra de 60.000 millones, lo cual significa más del 5% de nuestro PIB.
Disminuye la previsión de ingresos, como consecuencia de la grave afectación de la crisis económica sobre los contribuyentes, y a pesar de ello aumentan los gastos en unos 30.000 millones.
Con ser grave, la generación de este gigantesco déficit público no es lo más preocupante del documento presupuestario de la señora Salgado. Cuando, ante la profundidad de la crisis económica en nuestro país, hacían falta unas políticas audaces con el objetivo de crear empleo, se nos presentan los Presupuestos de la resignación. Sin medidas para reactivar los sectores productivos, y sin embargo plagados de amenazas sobre los sufridos ciudadanos que pagan impuestos y sobre las empresas que resisten como pueden los efectos de la depresión.
Las medidas fiscales, contrariamente a las estivales pretensiones de los mandatarios socialistas, no afectan a los ricos, sino a las clases medias y populares. Afectan a los que deben dedicar altos porcentajes de sus ingresos a la subsistencia, al gravar el consumo con la subida del IVA, que pagamos todos. Y se afecta también a los sectores productivos que verán mermada aún más la demanda de los bienes que fabrican. CiU ha propuesto una medida en sentido opuesto, la de aumentar la capacidad adquisitiva de los ciudadanos con menores ingresos, a través de la rebaja de su contribución en el IRPF. Ello contribuiría a hacer más llevadera la crisis para estos sectores, a la par que, al aumentar la demanda de bienes, dinamizaría el mercado de bienes de consumo y reanimaría la industria y el comercio de los mismos, con un efecto recaudatorio positivo para la Hacienda del Estado.
Tampoco podemos aplaudir la rebaja de cinco puntos en el impuesto de sociedades, excesivamente vinculado a la creación de ocupación lo que conlleva que en la práctica muy pocas empresas se puedan acoger a la misma. Además, actuar sobre los beneficios en época de ausencia de los mismos no parece un buen incentivo.
En cualquier caso, la cuestión fiscal no parece aún cerrada con la subida del IVA, la retirada del cheque electoral de 400 euros y el aumento de gravamen sobre las rentas del capital. En la tramitación parlamentaria de los Presupuestos, el Gobierno puede aplicar una nueva vuelta de tuerca a los contribuyentes, tal y como le demandan los grupos de la izquierda, a los cuales posiblemente vaya a necesitar para completar la mayoría. Y, adicionalmente, la tibia actitud de la vicepresidenta económica ante la pregunta de si van a subirse los impuestos especiales, hace suponer que también trabaja en esta dirección.
A pesar del astronómico aumento de los gastos, no hay prioridad ni para la I+D+i, ni para la inversión en infraestructuras, ni para la política de vivienda. Los tres conceptos experimentan sustanciales decrementos en estos Presupuestos, con lo cual uno se pregunta con qué instrumentos va a contar el Gobierno para impulsar la actividad económica. Con mayor presión fiscal al grueso de los consumidores, penalizando el ahorro, y sin aplicar las más elementales políticas de fomento de la competitividad de las empresas, uno puede vaticinar que en el puesto de mando de nuestra economía no queda nadie, simplemente vamos a la deriva.
Pere Macias i Arau. Portavoz de CiU en la Comisión de Presupuestos del Congreso