La crisis le cuesta 65.000 millones al Estado francés este año
La crisis económica ha tenido un impacto económico negativo de 65.000 millones de euros sobre las cuentas del Estado francés este año, según la evaluación anunciada hoy en la presentación del proyecto de presupuesto para 2010.
El portavoz del Gobierno, Luc Chatel, explicó al término del Consejo de Ministros que esos 65.000 millones de euros son "el diferencial respecto a la situación presupuestaria normal", "el impacto de la crisis económica sobre el presupuesto del Estado".
La caída de los ingresos representa unos 54.000 millones de euros, a lo que hay que añadir el habitual incremento de recaudación derivado del crecimiento económico, que este año va a ser negativo, precisó Chatel.
En este contexto, el portavoz indicó que el presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha querido insistir en el mensaje de que el presupuesto para 2010 es "perfectamente coherente con lo que hace el conjunto de los países desarrollados frente a la crisis".
Sarkozy -según ese testimonio- recordó que en la cumbre del G20 de la semana pasada en Estados Unidos hubo "un análisis convergente (...) que consiste en decir que no hay que dejar de apoyar el crecimiento".
El primer ministro francés, François Fillon, destacó por su parte el carácter "capital" del año 2010 para las finanzas públicas, porque va a ser cuando se va a poner en juego "la salida de la crisis".
El Ejecutivo ha optado por mantener algunas medidas de estímulo en el presupuesto de 2010 y no aumentar la presión fiscal pese a la caída de los ingresos, con lo que la consecuencia será la continuación de la escalada del déficit y de la deuda pública.
En concreto, el déficit del 3,4% del Producto Interior Bruto (PIB) registrado en 2008 subirá hasta el 8,2% este año y al 8,5% el próximo.
Por su parte, la deuda pública crecerá del 68,1% del PIB en 2008 y del 77,1% en 2009 al 84% en 2010.
Para mantener la presión fiscal estable en el 40,7% del PIB el ejercicio que viene, los cambios más significativos van a ser la supresión de la tasa profesional que grava la actividad de las empresas y la creación de una "tasa de carbono" sobre bienes y servicios por la generación de emisiones contaminantes de CO2.