Lejos de una reforma fiscal
El Gobierno aprobó el pasado sábado el proyecto de Ley de presupuestos generales del Estado para 2010. En él se incluyen cuatro modificaciones de normas tributarias que voy a comentar brevemente desde el punto de vista técnico.
Lo primero que debo decir es que las medidas anunciadas tras el Consejo de Ministros no conforman una verdadera reforma fiscal; sólo son modificaciones de tipos impositivos y de cuota que buscan aumentar la recaudación para intentar reducir el déficit. Por ello, el instrumento elegido, la Ley de Presupuestos del Estado, es el adecuado.
Subida del tipo general del IVA del 16% al 18%, y del reducido del 7% al 8%. El tipo superreducido se mantiene en el 4%. Esta medida entrará en vigor en julio de 2010. Esta es quizá la modificación más adecuada para subir la recaudación, aunque puede ocasionar un incremento del fraude. Su entrada en vigor se difiere seis meses porque, según dice la ministra Elena Salgado, para entonces se habrá recuperado la economía y la confianza de los consumidores.
En mi opinión, este retraso aleja la oportunidad de aprovechar los meses de inflación negativa de 2009, en los que un aumento del IVA podría pasar más inadvertido. Con estos cambios, el agua tributará al 8%, justo el doble que el queso o los huevos, por ejemplo, que seguirán tributando al 4%.
También llama la atención que la compra de vivienda nueva (no de protección oficial) pasará a tributar al 8%, a lo que habrá que sumar el 1% de Actos Jurídicos Documentados. En total un 9% a partir del 1 de julio, dos puntos más que la vivienda usada.
- División de las base del ahorro del IRPF y modificación de su tipo de gravamen. Hasta 6.000 euros de base el tipo de gravamen pasa del 18% al 19%, mientras que el exceso tributará al 21%.
Con esta medida se quiere recuperar una cierta progresividad sobre los rendimientos del ahorro, ya sean del capital mobiliario o ganancias patrimoniales. Es pronto para saber si este cambio ocasionará una fuga de capitales. Sí es probable que el ahorro pase de depósitos a fondos de inversión, donde el contribuyente tiene más flexibilidad para elegir el momento en que se produce el rendimiento.
Aprovecho para decir que me parece adecuado que no se haya modificado la tributación de las Sicav. Estas sociedades gozan del mismo régimen especial que los fondos de inversión. Si se quiere evitar su uso fraudulento por grandes patrimonios familiares habrá que modificar su regulación sustantiva para que sean un verdadero vehículo de inversión colectiva, pero no la fiscal.
Por omisión entiendo que la tarifa general y los importes fijos de los mínimos y las reducciones del IRPF no van a modificarse, lo que tiene su justificación en el comportamiento actual de los precios: sin inflación no hay progresividad en frío.
- Supresión en el IRPF de la deducción de 400 euros por rendimientos del trabajo o actividades económicas.
Poco hay que decir de esta medida desde el punto de vista técnico; resulta difícil saber qué efectos tuvo y tiene que la mayoría de los contribuyentes contemos con 400 euros más durante dos años.
Sí es cierto que pudo ayudar, como dice la ministra Elena Salgado, a superar los meses de alta inflación y alto euríbor, situación que ahora no se da.
- En el Impuesto sobre Sociedades se bajará en cinco puntos el tipo de gravamen para las pequeñas y medianas empresas que facturen menos de cinco millones de euros, tengan menos de veinticinco trabajadores y mantengan o creen empleo.
Será una medida temporal y se aplicará también a los trabajadores autónomos. Habrá que esperara hasta leer la letra pequeña cuando se conozcan los presupuestos en detalle, entre otras cosas para saber su temporalidad y ver si ese nuevo 20% se aplica a toda la base imponible o sólo a los primeros 120.202,41 euros. En este caso lo lógico sería que el exceso tributara al 25% y no al 30%, como ahora.
Es esta la única medida reductora de la presión fiscal prevista por el Gobierno, con la que prevé disminuir en 700 millones de euros la recaudación fiscal del próximo año (y, probablemente, ganar apoyos políticos que le permitan la aprobación de la ley).
Por último tendremos que estar atentos a lo que dispongan las Comunidades Autónomas, que en el IRPF tienen capacidad para modificar la tarifa en un 33% (está previsto que suba al 50%) pero manteniendo "una presión fiscal efectiva global equivalente a la del resto del territorio nacional".
José ignacio alemany Bellido. Socio director de Alemany, Escalona & Escalante Abogados. Profesor de Derecho Financiero y Tributario de la UP Comillas. Miembro de la Aedaf