¿Improvisación o reforma tributaria?
A lo largo de varias columnas me he ocupado en este periódico de la subida de impuestos anunciada por el Gobierno. Que hay que poner freno el déficit público es algo que nadie pone en duda. Sin embargo, las idas y venidas de los últimos meses castigan los índices de confianza y no ayudan, más bien al contrario, a los que tienen que tomar, en última instancia, las decisiones empresariales. Todo ello parece olvidar que los tributos no sólo son medios para recaudar ingresos públicos, sino también instrumentos de política económica. Por tanto y de cara a la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado el próximo sábado, resulta oportuna una reflexión general sobre el papel que los tributos juegan o han de jugar en un entorno de crisis económica como el presente.
Varias cuestiones se nos suscitan. En primer lugar, el sistema tributario es una especie de puzle donde sus piezas deben encajar. Cualquier reforma ha de seguir unas finalidades concretas y explicitadas de forma previa. æpermil;stas no deben ser otras que reducir el déficit y contribuir a reactivar nuestra economía y, en consecuencia, incentivar el empleo. Por tanto, no caben simples subidas de tipos de gravamen, sino que deben combinarse con medidas que incentiven la actividad productiva, lejos de meras promesas electoralistas o políticas que permitan el pacto político.
En segundo lugar y por lo que se refiere a la imposición directa estatal, hay que dar la razón a lo que los expertos ya venían poniendo de manifiesto en los últimos años en el IRPF. Medidas como la deducción por adquisición de vivienda o la famosa, por denostada, deducción de los 400 euros, no cumplen en la actualidad con la finalidad pretendida. Por tanto, es lógica su eliminación. También es procedente incrementar el tipo de gravamen de la base imponible del ahorro, cuyo límite debe encontrarse en el tipo mínimo de la tarifa general.
Cuestión distinta es la pretendida subida del tipo aplicable a las rentas altas y a las Sicav. La primera puede desincentivar el consumo y la inversión, a la vez que haría recaer la reforma sobre las clases medias, ya que las rentas realmente elevadas quedan fuera de la tarifa general del impuesto. La segunda, la pretendida tributación al 18% (o al tipo en que finalmente quede la base imponible del ahorro) de las Sicav, en lugar del 1% actual, sólo supone un adelanto del pago de impuestos al hacer recaer la tributación en cabeza de la sociedad y no del socio. Ambas iniciativas tendrán efectos perniciosos para nuestra economía y un incremento recaudatorio no considerable.
Lo anterior ha de completarse con medidas de fomento del trabajo autónomo (deducciones por mantenimiento o creación de empleo) y de mejora de la competitividad de nuestras empresas (deducciones por I+D+i).
En tercer lugar y por lo que respecta a la imposición indirecta, vengo defendiendo la subida del tipo general de IVA, acompañada de una bajada de cotizaciones sociales, afectando parte de la recaudación a la caja de la Seguridad Social. Ahora bien, hay que fomentar determinadas actividades (pequeños servicios) que son generadoras de empleo y que pueden incluirse en el tipo reducido, tal y como propugnaba el acuerdo del Ecofin de marzo pasado. También hay margen de maniobra en los impuestos especiales, debido a su carácter de tributos extrafiscales, que persiguen, además del recaudatorio, la consecución de otros objetivos, como los de defensa del medio ambiente.
En cuarto lugar, la reforma de la financiación autonómica debe incorporar a la Lofca, de forma clara, el principio de lealtad institucional. Tiene poco sentido que el Estado se apriete el cinturón y suba los tributos, mientras las comunidades autónomas hagan lo contrario.
Por último, las Cortes deben aprobar las líneas maestras de reforma de la financiación local. Nuestros municipios se merecen un cierto respeto y dejar, de una vez por todas, de ser las cenicientas de nuestro sistema tributario.
Javier Martín Fernández. Socio director de F&J Martín Abogados y profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense