El Ayuntamiento de Madrid no descarta acudir a los tribunales
Pide que el reparto de consejeros de Caja Madrid se rija por la antigua ley
El Ayuntamiento de Madrid, que presentó ayer la impugnación sobre el reparto de los representantes de la Corona entre los sectores de la asamblea de Caja Madrid, destacó que si la Comisión de Control de la entidad no atiende el escrito realizado, acudirá al juzgado contencioso administrativo y al civil para solicitar una revisión de la constitucionalidad de la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid.
El delegado de Hacienda de Madrid, Juan Bravo, explicó ayer que la impugnación presentada por el Ayuntamiento contra el reparto de los representantes de la Corona se debe a que, en el momento que la entidad fundadora renunció a dichos puestos en la asamblea general de la Caja, el pasado mes de noviembre, "aún estaba en vigor la Ley de 2003, que preveía expresamente que, en estas circunstancias, los representantes de la Corona acrecentarían proporcionalmente por igual a todos los sectores".
Los consejeros correspondientes a la Casa Real se adjudicarían entre impositores, empleados, entidades representativas, Asamblea de Madrid y corporaciones locales de manera proporcional. Por contra, la Ley de Cajas aprobada en enero de este año establece que, en caso de renuncia de la Corona, "sólo se acrecenta a las entidades representativas y a la Asamblea de Madrid, que es tanto como decir a la Comunidad de Madrid porque a las entidades representativas las designa el consejero", señaló Bravo.
Por su parte, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, recordó ayer al Ayuntamiento de la capital que "existe un acuerdo prácticamente entre todas las instancias políticas, institucionales y sociales de nuestra comunidad para llevar adelante un proceso de renovación de los órganos de la caja de ahorros, pactado", subrayó.
Los responsables municipales, sin embargo, destacaron que no entienden "esta discriminación" y consideran que, al menos de momento, sólo se ha producido un problema de "derecho transitorio" que es subsanable mediante la rectificación, el próximo miércoles, de la Comisión de Control.