Obras públicas

Fomento ofrece garantizar ingresos mínimos en sus concesiones

Constructoras y Fomento han retomado los contactos al más alto nivel para lanzar el plan adicional de inversión en infraestructuras y sentar la colaboración del capital privado en el mismo. En una cena celebrada el lunes el ministro Blanco ofreció el sistema de ingresos mínimos garantizados en futuras licitaciones y el reequilibrio económico de concesiones deficitarias como las radiales y las autovías de primera generación.

Fomento espera a la aprobación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2010 y su debate en el Congreso, previsto para antes de que concluya el mes, para culminar la gestación del programa de inversiones adicionales en infraestructuras. Un asunto sobre el que el ministro José Blanco trató el lunes en una cena con altos cargos de las grandes constructoras.

Llamado a amortiguar la crisis en el sector, se espera que el plan esté dotado con 15.000 millones hasta el final de la legislatura y que salga a la calle entre finales de 2009 y el arranque de 2010. Resta ver cómo se dota al presupuesto de inversión de Fomento en los citados Presupuestos para determinar en qué cuantía intervendrá el capital privado. "La prioridad del ministro es que el recorte se produzca en el gasto corriente y no en la inversión productiva, pero la colaboración empresarial será imprescindible en todo caso", citan fuentes conocedoras de la reunión.

Como ya sucedió en julio, el sector ha trasladado su disposición a compartir inversiones con Fomento, pero insiste en pedir la garantía de un mínimo retorno de las aportaciones. Las mismas fuentes aseguran que Blanco y su equipo optan por el sistema de ingresos mínimos garantizados para las adjudicatarias de futuros contratos para la explotación de infraestructuras a cambio de correr con los gastos de construcción.

El ministerio espera los Presupuestos Generales para saber cómo colaborará el capital privado en futuras obras civiles

Tras la cena del lunes, el papel negociador ha recaído en la secretaria general de Infraestructuras de fomento, Inmaculada Rodríguez Piñeiro. Su labor es poner fin a dos problemas candentes: el retraso en la remodelación de las autovías de primera generación y la deficitaria situación de las radiales de Madrid. En el primer caso, se repartieron diez tramos en 2007 y, según fuentes empresariales, el retraso medio que acarrean en la aprobación de los proyectos, ejecución de las obras y posterior explotación, es de 12 meses. Esto está motivando "la refinanciación de los proyectos, la reducción del plazo contractual de ingresos 19 años y costes adicionales por modificaciones planteadas por la Administración". En cuanto a las radiales, su rendimiento está por debajo de lo previsto a causa, entre otras cosas, del descenso en el tráfico de pago motivado por la crisis.

Para paliar estos contratiempos a las adjudicatarias, entre las que figuran FCC, Ferrovial, Acciona, ACS, OHL o Sacyr, se les ha ofrecido en encuentros celebrados el martes y el miércoles la entrega de créditos participativos.

El hecho es que Fomento ha buscado fórmulas con Hacienda para que las compensaciones no computen en el déficit público. De igual modo, en próximas licitaciones abiertas a la aportación privada, como será renovación de otros seis tramos de autovía de primera generación, se establecería un sistema de pago revolucionario y más previsible para las empresas. Bajo el modelo de peaje en sombra, en el que el Estado paga por el uso de los particulares, un 70% de lo que perciban las empresas estará asociado a la disponibilidad y buen estado de la infraestructura, mientras el 30% restante dependerá del número de usuarios. Constructores y concesionarios estiman que con esta fórmula les será más fácil obtener la financiación bancaria necesaria para acometer las obras de remodelación.

Coto a las bajas temerarias y a los modificados

Blanco está dispuesto a ayudar a las constructoras a recuperar el pulso en las concesiones que están resultando deficitarias, pero no parece muy abierto a que se tome como norma habitual. De hecho, está haciendo correr un duro mensaje contra las bajas temerarias de las empresas en los concursos de obra civil -respecto a los presupuestos marcados por la Administración- y está reiterando que no admitirá modificados, a no ser que estén ampliamente justificados, en los contratos de adjudicación.

Con estas dos medidas se trata de evitar que las constructoras tiren los precios de sus servicios y que traten de recuperarse de las pérdidas por la vía de la mejora en las condiciones concesionales.

A día de hoy ese control de los proyectos modificados lo está ejerciendo el propio Ministro de forma personal y fuentes cercanas a la cúpula de Fomento aseguran que el mensaje parece haber calado entre las constructoras.

La cifra

972 millones es lo que solicitan las constructoras en compensación por el retraso en la entrada en explotación de las autovías de primera generación.