Gallardón impugnará el reparto de consejeros en Caja Madrid

La bronca política vuelve a Caja Madrid. El Ayuntamiento de la capital ha decidido impugnar el proceso electoral, al entender que el reparto de los consejeros que provienen de la Corona no ha sido equitativo. El PSM reclama a Aguirre y Gallardón que "dejen de jugar" con la caja porque crean inestabilidad.

Las elecciones en Caja Madrid parecen más complejas que las de Afganistán. Aunque el proceso de renovación de más de la mitad de la asamblea se había reiniciado después de estar varios meses en el alero, las últimas novedades parece que pueden hacerlo descarrilar.

El motivo de la última disputa es el reparto de los 64 consejeros generales que corresponde asignar a la Casa Real, y que tradicionalmente se distribuían de forma proporcional entre el resto de instituciones representadas en la caja (Asamblea de Madrid, corporaciones locales, etc...).

De acuerdo con la última reforma de la ley autonómica de cajas, aprobada a instancia del Gobierno de Esperanza Aguirre, los ayuntamientos quedan al margen de la repartición de los 64 puestos en la asamblea de la caja, citados anteriormente.

Esta medida ha perjudicado especialmente a la ciudad de Madrid, que con la nueva normativa pierde el 50% de la cuota de poder que tenía con la legislación previa.

Por ello, el equipo de Alberto Ruiz-Gallardón ha decidido impugnar las elecciones. "No se están aplicando bien por parte de la comisión de control el proceso electoral", explica el concejal de Economía, Juan Bravo, pues, aunque la ley establece un régimen transitorio para los sectores que no han terminado su proceso, lo cierto es que la Corona terminó su proceso en noviembre pasado y por tanto la ley aplicable sería la 2003.

Paralización de las elecciones

Si la comisión rechazara el recurso, el Ayuntamiento recurriría a la vía jurisdiccional, donde podría reclamar ante un juez que aplicase una medida cautelar de suspensión del procedimiento electoral, destacó Bravo. "La decisión a fecha de hoy es impugnar ante la comisión, pero si es rechazado tendremos que volver a plantearnos si acudimos a los tribunales", añadió, al tiempo que recordó que ya existe un informe jurídico que demuestra el error jurídico que se está cometiendo.

Asimismo, el responsable económico del Ayuntamiento de Madrid recordó que ya en enero alertó de que el tratamiento contemplado en la Ley autonómica a la Corona no era acorde con la ley nacional, la Lorca. "Es un problema que no se ha corregido en la ley, pues la Lorca establece que en el caso de que la Corona no designe a los consejeros que le corresponden, podrá acrecentar a las corporaciones locales, en ningún caso excluirlas", observó.

Críticas desde el PSM

El secretario general del PSM, Tomás Gómez, reclamó ayer a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, que "dejen de jugar" con Caja Madrid porque crean inestabilidad jurídica y financiera.

"Me parece un auténtico despropósito seguir en este momento rizando el rizo jurídico para mantener una pelea que no es otra que una lucha interna de un partido político", lamentó tras conocer que el Ayuntamiento impugnará la aplicación de la Ley de Cajas que está realizando la comisión de control en el proceso electoral de Caja Madrid.

"Vale ya de guerra en Caja Madrid. Al final van a terminar estropeando la entidad", aseguró.

El papel de la casa real

Los 64 consejeros de la polémica La Casa Real tiene, como entidad fundadora de Caja Madrid, derecho a designar 64 de los 320 consejeros que componen la asamblea de la entidad.Tradicionalmente, la Corona ha optado por renunciar a su nombramiento. La cuestión ahora es a qué institución le corresponde entonces su elección.Con la antigua ley autonómica de cajas, esos 64 consejeros se repartían proporcionalmente entre el resto de sectores representados en la entidad. El Ayuntamiento defiende que esta es la ley que hay que aplicar.La Comunidad de Madrid, junto con un representante del PSOE en la caja, otro de IU, otro de UGT, y otro de CC OO- Comfia, defienden la aplicación de la nueva normativa.

Pizarro y Aguirre discrepan sobre el FROB

Discrepancias en el Partido Popular a cuenta del fondo de ayuda a la banca. El mismo día en que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, criticó abiertamente el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)por entender que invade competencias autonómicas, Manuel Pizarro -fichaje estrella del PP y peso pesado en asuntos jurídicos y económicos-, defendió la constitucionalidad de la norma.A primera hora de la mañana, Aguirre aseguraba en una entrevista en RNE que teme que el citado Fondo suponga que "el Banco de España pudiera endosarle a Caja Madrid una caja en quiebra, sin que pueda opinar el gobierno regional".De esta forma, Aguirre se desmarca de la línea oficial del Partido Popular, que votó en el Congreso a favor de la aprobación del Fondo, y se une a los Ejecutivos de Andalucía, Galicia, y Extremadura, que han amenazado con recurrir el decreto-ley ante el Tribunal Constitucional por invadir competencias autonómicas.Horas más tarde, Aguirre obtenía una réplica indirecta, de mano de Manuel Pizarro, uno de los principales expertos en cajas del país (fue presidente de Ibercaja y de la patronal del sector). Pizarro, que intervino en la presentación de un libro sobre estas entidades, defendió que la tutela de las Comunidades Autónomas sobre las cajas es una rémora del pasado y que, "las competencias autonómicas acaban cuando una caja de ahorros es intervenida", tal y como recoge el FROB.