Financiación local

Andalucía plantea ceder parte de sus ingresos para sanear los municipios

Andalucía puede convertirse en la primera comunidad que ceda parte de sus ingresos para paliar la asfixia financiera de sus ayuntamientos. Este traspaso se haría a través de un anteproyecto de ley, que se aprobará a finales de año, en el que se fijarán las competencias de los ayuntamientos y el grado de participación en los tributos de la comunidad autónoma.

La reforma de la financiación local ha quedado aplazada hasta 2011. Un plazo inasumible para un gran número de ayuntamientos a los que la crisis inmobiliaria y la caída de la actividad económica les ha pillado con el paso cambiado. En algunos municipios no hay dinero ni para pagar las nóminas.

A la espera de esa reforma, algunas comunidades ya están trabajando por su cuenta al tramitar leyes autonómicas que les permitan hacer frente a la asfixia financiera de sus ayuntamientos y compensarles por las competencias que han asumido (dependencia, guarderías o inmigración, entre otras) y que no les correspondían.

Y la primera en dar ese paso, al que se habían resistido hasta ahora la mayoría de las comunidades autónomas, es Andalucía. Para ello ha constituido una comisión parlamentaria que ya ha elaborado un dictamen en el que se definen los ejes de la Ley de Régimen Local y la de participación en los tributos de la comunidad. El viceconsejero de Gobernación de la Junta, José Antonio Gómez Periñán, señala que la norma servirá para asegurar la participación de los ayuntamientos tanto en los tributos estatales como autonómicos. "Hay un compromiso por parte de la Junta de Andalucía para que a finales de año estén aprobadas las dos leyes", subraya a CincoDías.

La participación en los tributos es una reclamación planteada en repetidas ocasiones desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por lo que valoran de forma positiva que una comunidad haya dado un paso adelante. Pese a ello recalcan que sería necesario un cuerpo legislativo común, "por lo que parece lógico que la ley estatal vaya por delante de las leyes autonómicas".

El dictamen que ha salido del Parlamento andaluz no deja claro, sin embargo, si la cesión se limitará a los tributos o si se ampliará al total de los ingresos. En 2009, la previsión de ingresos de la Junta de Andalucía era de 33.543 millones de euros, de los que 12.753 millones (un 38%) corresponderían a lo recaudado por impuestos directos, indirectos, tasas y precios públicos.

El resto provendría de transferencias estatales, entre las que destaca el Fondo de Suficiencia, que supera los 10.000 millones de euros y que representa casi una tercera parte de los ingresos. Este fondo trata de compensar a las comunidades cuyas necesidades de financiación no se ven cubiertas con lo que recaudan.

Dolores López, portavoz del PP en la comisión parlamentaria, señala que por ahora no existe ninguna voluntad política para alcanzar un acuerdo que solucione la situación financiera de los ayuntamientos. "Para que estas leyes tengan un verdadero impacto hay una cuestión crucial y es que la participación se extienda al total de los ingresos de Andalucía. Algo que por ahora se niega a hacer el PSOE", dice.

En el dictamen, que el Ejecutivo se ha comprometido a incluir en la tramitación de los dos anteproyectos, tampoco han quedado reflejadas algunas propuestas presentadas por PP e IU, como destinar a los ayuntamientos el 50% de la deuda histórica que ha pagado el Estado a Andalucía o la creación de un fondo de emergencia local.

Liquidez para los destinos turísticos

Otra de las prioridades de la FEMP es aliviar los problemas de tesorería de los municipios turísticos, que han vivido en primera persona el derrumbe de la construcción. En muchos de ellos, los ingresos por licencias de construcción y por el impuesto de bienes inmuebles suponían más del 60% de lo que entraba en sus arcas. A falta de esos ingresos, la FEMP quiere introducir en la reforma de la financiación local cambios en los artículos referidos a los municipios turísticos, a los que se les cede el 2% de la recaudación del impuesto de hidrocarburos y del tabaco siempre y cuando cumplan con dos requisitos: tener una población entre 20.000 y 50.000 habitantes y que el número de viviendas de segunda residencia supere a las de primera. Las dificultades para cumplir las dos características han provocado que sólo estén cubiertos 21 municipios, que perciben una transferencia de cuatro millones de euros al año. El municipio que más ingresa es Calviá (Mallorca), con más de un millón de euros al año, seguido por Denia (Alicante), con 323.851 euros, y Mazarrón (Murcia), con 239.255 euros.