Inversiones

El PP pide investigar una sociedad en suspensión participada por el Gobierno

El PP ha pedido hoy que el Parlamento de Cantabria investigue las inversiones realizadas por el Gobierno regional en GFB, una fábrica de paneles de fibroyeso de la que posee el 30% del capital, a través de la sociedad pública Sodercan, que ha suspendido pagos antes de iniciar la producción.

El presidente del PP de Cantabria, Ignacio Diego, ha solicitado que se constituya esta comisión parlamentaria tras hacerse público el informe de los administraciones judiciales del concurso de acreedores, que da por fallido este proyecto y propone la liquidación patrimonial de la empresa.

La sociedad GFB se constituyó en agosto de 2004 y está participada en un 70% por la empresa privada Euroamérica, propiedad del grupo costarricense Pujol Martí, y en un 30%, por la sociedad pública Sodercan, de la que es accionista mayoritario el Gobierno de Cantabria.

GFB, constituida con un capital social de 33,7 millones de euros -10,14 aportados por la sociedad pública- ha recibido subvenciones públicas por importe de 3,3 millones de euros y préstamos participativos de Sodercan por 5,7.

Según el informe de los administradores judiciales, que cifra en entre 10 y 15 millones la cantidad necesarias para relanzar este proyecto, se evidencia en esta sociedad un agotamiento financiero y una falta de sintonía y quiebra de la "afectio societatis".

El presidente del PP de Cantabria ha afirmado que este proyecto industrial es "el escándalo" del Gobierno y ha sugerido que ha podido haber un enriquecimiento ilícito, porque las cuentas "no cuadran".

Diego ha señalado como responsables políticos del "fraude" y del "escándalo mayúsculo" al presidente regional, Miguel Ángel Revilla (PRC), y al consejero de Economía, Ángel Agudo (PSOE).

El Gobierno de Cantabria ha reconocido que en el proyecto industrial ha habido "algunos tropiezos" y quizá no se eligió "bien al socio", aunque también ha insistido en que su objetivo es "rentabilizar" una fábrica que ya está construida para ponerla en marcha.

Así lo ha expresado en rueda de prensa la vicepresidenta de Cantabria, Lola Gorostiaga, quien ha reconocido que se está buscando un nuevo socio empresarial y que se cuenta con alguna propuesta, pero "nada concreto".

Los responsables de Euroamérica habían anunciado que GFB iba a empezar su producción este año con 77 trabajadores y que, en el plazo de cinco años, su plantilla ascendería a 200 empleados.

El Gobierno de Cantabria facilitó la instalación de esta fábrica en la localidad de Orejo como proyecto singular de interés regional (PSIR), una figura urbanística que permite a la comunidad autónoma actuar en las competencias municipales sobre el suelo para agilizar determinados proyectos.