Las pensiones, una nueva moneda de cambio
Los aumentos adicionales de las mínimas han costado más de 2.000 millones.
Se cumplió el guión. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, volvió a aprovechar su presencia en la fiesta minera y sindical de Rodiezmo (León) para avanzar este fin de semana una subida de las pensiones. Sin embargo, este año operó un pequeño cambio en el libreto: hubo anuncio pero mucho más impreciso que en los cinco años anteriores, cuando Zapatero concretó exactamente el porcentaje de subida de las pensiones mínimas, siempre por encima del 6%, más del doble que el resto de las pensiones.
En un primer momento hubo quien interpretó que esta falta de precisión se debía a que el aumento sería inferior este año, debido a la evidente crisis y dificultad por la que pasan las cuentas públicas. Así se perseguía que los medios de comunicación no presentaran el anuncio como un alza inferior a la de ejercicios anteriores. No obstante, horas después del anuncio, fuentes socialistas explicaron que la falta de precisión obedecía a la decisión de Zapatero de "negociar" el porcentaje de subida de pensiones con los sindicatos. Es más, estas mismas fuentes argumentaron que la negociación del alza de pensiones iría unida a la del salario de los funcionarios.
De esta forma, si la negociación salarial en la Administración Pública es algo que siempre se pacta con las centrales sindicales, ya que el Gobierno actúa como patrón de estos trabajadores; el alza de las pensiones nunca se había discutido con los sindicatos, ya que hasta ahora había sido una decisión estrictamente política de ordenación de prioridades de gasto.
El anuncio de esta negociación ha sorprendido incluso a los propios sindicatos, ya que nunca habían sido llamados para este asunto.
En cualquier caso, metiendo las pensiones en el saco de la negociación sindical el Gobierno las convierte en una moneda más de cambio, en el diseño y aprobación de las cuentas públicas.
De ser así, podría decirse incluso que el Ejecutivo incumple en parte el compromiso, no escrito, entre los grupos políticos de no usar las pensiones como arma electoral. Este fue uno de los acuerdos tácitos cuando, hace ya casi quince años, el Pacto de Toledo se convirtió en una comisión parlamentaria donde todos los grupos negocian las reformas necesarias del sistema.
En los últimos años, este compromiso se ha visto muchas veces incumplido ya que tanto los populares como los socialistas se han atribuido en alguna ocasión la buena salud de la Seguridad Social. Ahora, se daría un paso más, negociando los incrementos con los sindicatos. Además, con este anuncio surge inmediatamente la duda de por qué no también negociar el alza con los empresarios.
Pero más allá de la forma, el nuevo anuncio del Ejecutivo de subir las mínimas por encima de la inflación, pone encima de la mesa un debate sobre el fondo de la cuestión, que no es otro que la necesidad o no de excluir a los 2,5 millones de perceptores de pensiones mínimas de los rigores presupuestarios que exigirá la crisis para 2010. Máxime, cuando probablemente este año, la inflación de noviembre, que es la que se usa para revalorizar las pensiones, podría seguir siendo negativa, con lo que operará a favor de los pensionistas, ya que desde 1998, la ley indica que este colectivo no tiene que devolver dinero.
Desincentivar la cotización
En este escenario, Zapatero cumple su compromiso de seguir subiendo las mínimas por encima de la inflación, por poco que sea, lo que ya ha llevado en los últimos años a que algún que otro algo cargo de la Seguridad Social haya llamado la atención en público sobre lo que esto supone para el sistema. Las alzas operadas desde 2004, cuando Zapatero llegó al poder, han costado a las arcas estatales más de 2.000 millones de euros, según los cálculos de los técnicos de la Seguridad Social. Esta cantidad permanece en el sistema durante la vida media del pensionista (18 años) y se revaloriza con el IPC anualmente.
Pero, además, del gasto, el constante incremento de las mínimas obligará a reordenar la contributividad del sistema. De lo contrario, si sigue acortándose la diferencia entre la cuantía de la prestación mínima y el escalón inmediatamente superior, se produciría automáticamente una desincentivación de la cotización. Esto exigiría un cambio del cálculo de la pensión que sólo debería poder negociarse en el Pacto de Toledo.