A fondo

El 'Ejército Llamazares' avanza sobre el Presupuesto

El 'Ejército Llamazares' avanza sobre el Presupuesto
El 'Ejército Llamazares' avanza sobre el Presupuesto

Episodios ajenos a la pura actividad parlamentaria, como ha sido el cierre del nuevo modelo de financiación autonómica o la renuncia del PP vasco a precipitar una moción de censura contra el PNV en la Diputación de Álava, han cambiado las circunstancias en las que el Gobierno tiene que enfrentarse a la inminente negociación presupuestaria. A falta de conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán, el recuento de apoyos en el Congreso se ha vuelto más favorable para el PSOE dada la inclinación de buena parte de los grupos minoritarios a facilitarle el socorro necesario para alcanzar los 176 votos en que se instala la mayoría absoluta.

La anterior legislatura, en la que José Luis Rodríguez Zapatero navegó en minoría a falta de 13 diputados con los que completar esta mayoría absoluta, causó un profundo dolor de cabeza a la mayoría de los diputados socialistas, hartos de tener que ganarse cada votación a golpe de acuerdos puntuales con los socios de Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Cataluña. Buena parte de ellos quedaron tan saturados de esta relación que abogaron, incluso, por un adelanto electoral para propiciar un pacto de legislatura con CiU que diera estabilidad al Gobierno y a su grupo Parlamentario.

Sin embargo, llegaron las elecciones de marzo del año pasado y Zapatero, pese a quedarse sólo a siete escaños de la ansiada mayoría, apostó por la denominada geometría variable, a la vista del alto precio exigido por los nacionalistas catalanes para consumar un acuerdo de largo alcance. Dos factores contribuyeron definitivamente a impedir este escenario: el enérgico rechazo del líder de Convergencia, Artur Mas, a acudir en ayuda de quien, a su juicio, le acababa de traicionar con el Estatuto catalán, y la firme resistencia del PSC a secundar la esquizofrenia que hubiera supuesto gestionar el tripartito catalán con ERC y colaborar con CiU en Madrid.

CiU queda fuera del radar de este pacto por las elecciones catalanas

La proximidad de las elecciones catalanas, que si no se anticipan se celebrarán en noviembre del año que viene, deja a CiU fuera del radar de la negociación presupuestaria, al menos en la etapa que aguarda hasta la celebración del debate de totalidad previsto para octubre. El pequeño ejército, de sólo ocho diputados, que ha conseguido reunir en el Congreso el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, para obligar hace unos días al Gobierno a ampliar el número de parados sin protección que recibirán ayudas, ha sido percibido por el Grupo Socialista que pilota José Antonio Alonso como un aviso para navegantes en la negociación que se avecina, pero también como una oportunidad para garantizarse, sin las habituales cesiones a los grupos nacionalistas, la aprobación de las cuentas de 2010. Si bien hay parlamentarios del PSOE que preferirían el acuerdo con CiU para retratarse ante el electorado de forma más centrada, el pragmatismo se impone y las legislativas se ven todavía lejos.

Llamazares y los portavoces de IC, BNG, ERC y Nafarroa han visto la ocasión y ya le han puesto deberes al Gobierno. Uno de los que aportan más claves data del 23 de junio y se enmarca en una enmienda firmada por el PSOE, que tuvo una vida muy efímera por las presiones de CiU, en la que el Gobierno se comprometía a revisar las deducciones del IRPF para dotarlas de mayor progresividad, incluida la de los 400 euros, la del famoso cheque-bebé y las que afectan a la inversión en vivienda.

Gravar las rentas más altas

Zapatero avaló también en este escrito el endurecimiento del gravamen aplicado en la imposición directa de los contribuyentes con mayores niveles de renta y patrimonio, la revisión de la imposición a los deportistas extranjeros de élite y la promoción de la llamada fiscalidad ambiental, compromiso este último que Joan Herrera, de Iniciativa por Cataluña, se encargó de precisar el pasado 21 de julio mediante el registro en la Cámara Baja de una proposición de ley de 59 folios en la que se articula la introducción de criterios ecológicos en media docena de impuestos ya existentes y la creación de otros tantos tributos aplicables a sectores tan variopintos como el de la energía nuclear o el de los fabricantes de bolsa de plástico de un solo uso.

Sólo cuando se conozca la foto final de esta negociación sabremos si hubiera sido más barata con otros socios.