COLUMNA

El papel del gobernador

En ocasiones, unas palabras valen más que mil imágenes. El secretario general de CC OO recriminó al gobernador del Banco de España las opiniones vertidas en el último informe trimestral de la entidad acerca de la necesidad de reformar la normativa laboral. Se le recomendaba que se "centrase en su trabajo, el estudio de la economía", sin inmiscuirse en temas laborales. Paralelamente, un comunicado de UGT emitía una recomendación similar, criticando lo que consideraba "una injerencia en el ejercicio del derecho fundamental de libertad sindical".

Todos los bancos centrales de las economías desarrolladas consideran cuidadosamente la interrelación entre política fiscal y política monetaria, y entre política económica y actividad productiva, bien porque tienen plena responsabilidad en el diseño de política monetaria, o porque conservan determinado nivel de responsabilidad regulatoria y supervisora. El funcionamiento de los mercados de crédito, de bienes y de trabajo, son asimismo aspectos centrales que condicionan la efectividad de las medidas de política económica, que no puede diseñarse ignorando esta información.

Además, en las últimas décadas se ha avanzado mucho en lograr un estatus de independencia para los bancos centrales y ello hace que la opinión de instituciones que cuentan con servicios de estudios de gran calidad y prestigio deba ser considerada como una significativa contribución al debate económico, se compartan o no sus puntos de vista. Al incluir opiniones acerca del funcionamiento de los mercados, su grado de competencia o posibles cambios normativos, el Banco de España no hace nada que no hagan otros bancos centrales.

Siendo todo esto bien conocido, no cabe pensar que las declaraciones mencionadas se basen en la ignorancia. Ni tampoco puede imaginarse en qué modo los análisis del banco central interfieren con el derecho de libertad sindical. No puedo sino conjeturar sobre el objetivo real de las críticas al Banco de España, que posiblemente traten de poner mayor presión al Gobierno en su intento de definir una línea de actuación sobre el mercado de trabajo en un ámbito de negociación reducido. Y es esto último quizá el aspecto más preocupante de las declaraciones. En los últimos meses se ha cometido el tremendo error de denominar "mesa de diálogo social" al encuentro de las cúpulas del Gobierno, sindicatos mayoritarios y principal patronal. Desafortunadamente, se ha escogido la vía de buscar un consenso entre un reducido número de agentes que pudiera presentarse con la apariencia de un acuerdo social global, y la estrategia no ha funcionado.

Tenía razón un representante sindical cuando, al romperse las negociaciones, afirmaba que la CEOE no representaba a todos los empresarios; únicamente le faltaba reconocer que lo mismo puede decirse de los sindicatos que asistieron al encuentro. Y, si bien ambos pueden estar seriamente preocupados por los trabajadores en paro, muchos de ellos jóvenes, ni unos ni otros les representan. La mesa de diálogo social necesita representar a toda la sociedad, contando con opiniones de muchas instancias, unas institucionales y otras independientes.

La actitud de arrogarse el pleno conocimiento de las coordenadas de la actual situación y considerar las opiniones externas a las partes convocadas como una crítica sin fundamento, reduciéndolas trivialmente a una referencia genérica al abaratamiento del despido, está siendo terriblemente dañina. ¿Quién puede incapacitar al Banco de España para emitir juicios sobre el mercado de trabajo a la vez que se arroga a sí mismo tal capacidad? ¿Qué tiene el secretario general de un sindicato que no tenga el gobernador del banco central respecto de emitir sus opiniones acerca de la normativa laboral?

La tremenda crisis laboral española requiere una actuación firme por parte del Gobierno para evitar el grave deterioro que las ineficiencias actuales crean en las fases recesivas, contribuyendo así a crear expectativas de futuro a empresas y trabajadores, especialmente jóvenes.

El Gobierno está elegido para tomar decisiones tras consultar con quien considere adecuado, sin esperar que sus actuaciones conlleven el beneplácito de todos los agentes sociales y ciudadanos. No necesita buscar un acuerdo global, cuya búsqueda puede retrasar excesivamente su actuación, como sucede con la grave crisis actual. Precisamente por eso, seleccionar adecuadamente sus interlocutores y la amplitud del debate argumental que está dispuesto a considerar es una parte crucial del ejercicio político en el ámbito económico.

Alfonso Novales. Catedrático de Análisis Económico Universidad Complutense