Análisis

Malos tiempos para el intocable secreto bancario

El acuerdo entre UBS y EE UU promete ser la referencia con la que marcar nuevos límites contra el fraude fiscal y la falta de transparencia.

Exterior de la sede del banco suizo UBS en Nueva York.
Exterior de la sede del banco suizo UBS en Nueva York.

La banca suiza y su emblemático secreto bancario han dejado de ser intocables. Estados Unidos y el gobierno helvético firmaron esta semana un acuerdo extrajudicial por el que el banco UBS tendrá que revelar la identidad de algunos de sus clientes, a los que la Hacienda estadounidense acusaba de evasión fiscal con la complicidad del banco suizo. UBS se salva así de sentarse en el banquillo de los acusados y evita el riesgo de tener que pagar un sanción multimillonaria, después de que en el pasado mes de febrero ya acordara pagar 780 millones de dólares en un primer acuerdo que no evitó una nueva denuncia de las autoridades estadounidenses.

Tras el acuerdo alcanzado esta semana, Washington ha retirado de los tribunales su demanda contra UBS. Sin embargo, para el banco suizo y para todos aquellos que amparan su labor en el secreto bancario se abre una nueva etapa, una vez que el Gobierno helvético, representante de UBS en las negociaciones con EE UU, ha accedido a flexibilizar su legislación bancaria en el marco del citado acuerdo. No se han dado a conocer los detalles pero se calcula que UBS habría aceptado entregar al Tesoro de Estados Unidos información de entre 8.000 y 10.000 cuentas, todavía lejos de las 52.000 que reclamaba Estados Unidos.

"Los términos del acuerdo van a ser la clave para conocer cómo se puede alcanzar el equilibrio entre la continuidad del secreto bancario que defiende Suiza y la mayor transparencia que reclama la OCDE", señalan fuentes bancarias. Las autoridades suizas insisten en que los bancos helvéticos no van a traicionar la confidencialidad de sus clientes, un paradigma sobre el que se asienta una larga tradición bancaria y de la que depende buena parte de la economía del país. "Alrededor del 25% del patrimonio que los clientes bancarios de todo el mundo depositan en entidades en el extranjero está en Suiza. El país no podría soportar una fuga de capital de esa cuantía", apunta Juan Ignacio Sanz, profesor de derecho de Esade y especialista en banca.

La crisis financiera y el caso Madoff han debilitado a la banca suiza

Suiza y sus bancos se enfrentan por tanto al difícil desafío de abrir las compuertas de su hermético sistema financiero ante las exigencias de información de las economías occidentales y sus demandas ante los tribunales. Pero no hasta el punto de poner en peligro la reputación y la actividad de sus bancos. El reto es decisivo, no sólo por las acusaciones de blanqueo de capitales y evasión de impuestos a las que se pueden enfrentar las entidades financieras helvéticas sino por la cruzada en favor de una mayor transparencia que se ha puesto en marcha a consecuencia de la crisis. "La crisis actual está generada por la opacidad, por la contratación de instrumentos financieros sin que se sepa quiénes son sus tenedores. Ha quedado demostrado que hay que dar más información y el secreto bancario es un factor que juega en contra", reconocen fuentes bancarias. El caso de UBS es un ejemplo paradigmático de los efectos de la crisis. Es una de las muchas entidades que contrataron activos tóxicos, hasta el punto de que fue necesaria una inyección estatal de 6.000 millones de francos suizos el pasado año. Y además, algunos de los clientes que se vieron afectados por esas inversiones en activos de alto riesgo ahora quedan expuestos ante las autoridades estadounidenses por el levantamiento del secreto bancario, un efecto colateral del estallido de la crisis y de la consiguiente búsqueda de la máxima transparencia.

Los expertos coinciden en que el estallido de la actual crisis financiera amenaza la supervivencia del secreto bancario y difícilmente encaja en un nuevo entorno financiero de mayor transparencia y mayores controles regulatorios. El fraude de Madoff es además otro agravante que ha puesto de manifiesto el sinuoso rastro que puede seguir el dinero una vez que entra bajo el paraguas del secreto bancario. "El escándalo Madoff ha jugado también como detonante en las demandas contra el secreto bancario puesto que se manejaron fondos desde Suiza", apunta José Piñeiro, director del área Corporate Finance de FTI Consulting en España. Piñeiro destaca que el acuerdo entre EE UU y Suiza "va a sentar las bases con las que definir los nuevos límites del secreto bancario, qué conductas van a ser aceptables y cuáles no".

Según advierten los expertos, el acuerdo del gobierno de Suiza con Estados Unidos ha abierto una vía que ahora podrían seguir países como Alemania y Francia, que se han mostrado especialmente combativos contra la evasión fiscal y la falta de transparencia que protege el secreto bancario.

Las distintas varas de medir

La confidencialidad es un valor sagrado para la banca suiza, con una sola excepción, la de los delitos penales. Su legislación reconoce que las entidades financieras estarán obligadas a facilitar la información que se les requiera sobre sus clientes cuando sobre ellos pese la acusación de un delito penal. Distinto es el tratamiento cuando se trata de un delito civil o tributario y ahí es donde se presenta la ocasión para aplicar el secreto bancario y con ello, el conflicto con las autoridades tributarias de los países de origen.

Según explican fuentes jurídicas, la clave está en la distinta vara de medir de la legislación suiza frente a otras legislaciones vecinas. Así, Suiza hace una distinción entre evasión y fraude fiscal que no reconocen otras jurisdicciones, si bien la presión internacional ha llevado recientemente a que sus bancos colaboren con las autoridades de otros países en ambos casos. "El secreto bancario se levanta en los casos en que exista un delito reconocido como tal en Suiza", explica Juan Ignacio Sanz, lo que plantea dificultades para la justicia internacional que cada país intenta resolver con acuerdos bilaterales.

En España, la banca está obligada a colaborar con Hacienda en sus requerimientos de información y con las autoridades locales en casos concretos como las multas y los embargos. Por lo demás, no es posible conocer el número de cuenta de una persona.