Consejo de Ministros

El Gobierno da luz verde a la TDT de pago por la vía de urgencia

El Consejo de Ministros dio luz verde ayer a la TDT de pago por la vía de urgencia, con la aprobación de un decreto-ley que justificó por razones "técnicas y económicas".

El Gobierno da luz verde a la TDT de pago por la vía de urgencia
El Gobierno da luz verde a la TDT de pago por la vía de urgencia

El Consejo de Ministros dio ayer vía libre a las emisiones de pago para las empresas que tienen licencia estatal para emitir televisión digital terrestre (TDT). Y lo hizo con la aprobación de un real decreto-ley, una figura jurídica que sólo se justifica en casos de urgencia.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, esgrimió razones "técnicas y económicas" para optar por esta vía a la hora de legislar sobre la TDT de pago, desvinculando la decisión del próximo inicio de la Liga de fútbol. En este sentido, añadió que la regulación general de la TDT se incluirá en la futura Ley general audiovisual pero insistió en que era "necesario" adelantar la posibilidad de contenidos de pago para acelerar el apagón analógico y permitir vías alternativas de ingresos a los operadores.

La norma permite que los concesionarios de TDT a nivel estatal con más de un canal puedan destinar uno de ellos, de forma íntegra o parcial, a contenidos de pago. Esto limita lo previsto en el anteproyecto de Ley audiovisual, que abría la posibilidad a las empresas de dedicar hasta dos canales a contenidos de pago. El Gobierno entiende que, de esta manera, se garantiza la diversidad de la oferta televisiva y que ésta sea mayoritariamente en abierto.

El decreto, además, obliga a que los descodificadores que se utilicen para acceder a estos servicios se basen en un estándar tecnológico abierto, de forma que cualquier aparato sirva para descodificar la señal de pago de las cadenas que opten por este sistema.

El hecho de que el Gobierno haya optado por un decreto-ley obliga a remitir la norma al Parlamento para su convalidación pero su entrada en vigor resulta efectiva desde el momento de su publicación en el BOE (previsiblemente, hoy). De hecho, Imagina (Mediapro y Grupo Árbol) anunció que hoy mismo ponía en marcha su canal de pago en TDT, centrado en emisiones de fútbol.

Igualar condiciones

En el documento aprobado también se justifica la urgencia de la medida por la necesidad de establecer unas condiciones de igualdad en el mercado televisivo en la presente fase de transición y dar mayor seguridad jurídica a las empresas en un contexto de cambio. "Se pone fin a la situación actual en la que para un mismo servicio público se otorgan derechos diferentes a los concesionarios existentes", afirma el texto.

Asociaciones de consumidores como Cecu y Ceaccu lamentaron la falta de información y transparencia en la aprobación de la norma y advirtieron de que ésta perjudicará a los usuarios.

Prisa denuncia el intervencionismo

El grupo Prisa, editor de Cinco Días, rechazó ayer la utilización por el Gobierno de un procedimiento de urgencia, "sin justificación objetiva", para regular aspectos parciales del modelo audiovisual. A su juicio, el recurso a un decreto-ley, que trata de eliminar las serias objeciones hechas por el Consejo de Estado, pone de relieve "el intervencionismo del Gobierno en el normal funcionamiento de los mercados".

El grupo considera más grave aún que se regulen ahora, de forma "precipitada", cuestiones ya contempladas en el anteproyecto de Ley audiovisual y entiende que el uso del decreto-ley para un tema no urgente y sobre el que no existe demanda social "desdice de los usos democráticos y es una forma de despojar a los agentes perjudicados (operadores y consumidores) de toda posibilidad de defensa jurídica de sus intereses". Para Prisa, el que la decisión se haya tomado en pleno mes de agosto añade "preocupantes perfiles políticos al arbitrismo gubernamental". El grupo lamenta que el Gobierno de Rodríguez Zapatero incurra en el mismo error que el de Aznar cuando, en 1997, intentó regular por decreto-ley la televisión de pago, lo que llevó al TS a condenar al Estado a indemnizar con más de 24 millones de euros a Sogecable. "Prisa ejercitará las acciones que estén a su alcance para defender sus derechos, máxime teniendo en cuenta los precedentes existentes".