China cifra en 72.000 millones de euros el coste para el país del 'espionaje' de Río Tinto
China asegura que los productores de acero de ese país pagaron 72.084 millones de euros (102.403 millones de dólares) de más por hierro importado a causa del supuesto espionaje por parte de la minera angloaustraliana Río Tinto.
Según un informe de la Administración Nacional para la Protección de Secretos de Estado, citado hoy por el diario Shanghái Daily, Río Tinto podría llevar hasta seis años haciendo espionaje comercial en China.
El documento es el resultado de una investigación llevada a cabo tras la detención, el pasado 5 de julio, de cuatro ejecutivos de la compañía angloaustraliana acusados de espionaje y robo de secretos de Estado.
La minera continúa negando las acusaciones contra Stern Hu, responsable de Río Tinto en el gigante asiático, con pasaporte australiano, y otros tres miembros de la minera de nacionalidad china.
Según esas acusaciones, los cuatro sobornaron a acerías chinas para conseguir información sobre las negociaciones de los precios anuales del hierro, que llevan meses estancadas.
El informe del organismo chino señala que "la gran cantidad de información y datos del sector del acero de nuestro país encontrados en los ordenadores de Río Tinto, así como el enorme daño a nuestra seguridad e intereses económicos son claramente obvios".
Los negocios extranjeros en China deben someterse a "controles más estrictos" para impedirles espiar al país asiático, según el documento, que propone que dichos controles aumenten en los contactos de funcionarios, expertos y ejecutivos chinos con firmas foráneas.
Proteger la información comercial "sensible"
Además, pide a las compañías y funcionarios del gigante asiático "hacer más" para proteger la información comercial "sensible".
La negociación de los precios anuales del hierro entre las acerías chinas y las mineras angloaustralianas Río Tinto y BHP Billiton y la brasileña Vale Do Rio Doce lleva nueve meses de conversaciones sin llegar a un acuerdo.
Las acerías chinas se niegan a aceptar una rebaja del 33 por ciento, como la que las mineras han pactado con las firmas del sector en otros países, y exigen que sea, al menos, del 40 por ciento.