La Directiva de Servicios y la libertad individual
Por definición, los consumidores somos todos nosotros. Es el grupo más grande del sistema económico que se ve afectado por casi todas las decisiones económicas, públicas o privadas, y que a su vez también influye en la toma de las mismas... sin embargo, son el único agente económico que no está organizado de manera eficaz y cuyas opiniones a menudo no se tienen en cuenta."
Estas palabras, dichas en 1962 por el presidente Kennedy ante el Congreso de los Estados Unidos siguen hoy más vigentes que nunca. Los consumidores, es decir, todos nosotros, somos el colectivo generalmente olvidado en la toma de decisiones públicas, más atentas a los intereses de colectivos más reducidos pero mejor organizados, más poderosos en términos económicos y más influyentes en términos políticos. Uno de los campos donde la primacía de intereses económicos privados en detrimento de los intereses de todos los ciudadanos ha sido históricamente mayor es el de los servicios.
Mientras el sector industrial se ha adaptado a una economía global, la libertad empresarial y la libertad de los consumidores ha sido frenada y a menudo suprimida mediante un cúmulo de normas nacionales, autonómicas y locales. Por ejemplo, en el ámbito jurídico, los procuradores han gozado del monopolio de representación en juicio y la Ley de Colegios profesionales ha permitido a estas asociaciones imponer restricciones de la competencia en materias como publicidad, estructura societaria y precios que en cualquier otro sector económico serían duramente sancionadas.
En el ámbito comercial, las grandes superficies han sido discriminadas por el mero hecho de ser "grandes", una discriminación difícilmente conciliable con el principio constitucional de igualdad y que sería considerada una arbitrariedad en cualquier otro campo de actividad económica. En todos estos casos, se ha intentado beneficiar a algunos grupos de ciudadanos (procuradores, profesiones colegiadas, pequeños comerciantes) en detrimento del conjunto de la ciudadanía.
Sin este preludio, resulta imposible valorar la relevancia histórica de la Directiva de Servicios y su importancia económica y social. La Directiva de Servicios es formalmente una iniciativa encaminada a facilitar la libre prestación de servicios en la UE pero en ella late un espíritu de reivindicación de la libertad ciudadana en su doble vertiente (libertad de consumo y libertad de iniciativa empresarial) frente a los poderes públicos capturados por grupos de interés económico. Establece unos principios de actuación pública tan obvios (proporcionalidad, necesidad y aplicación no discriminatoria de la restricción legal) que los ciudadanos de la UE debieran plantearse por qué no se respetaban anteriormente. Sólo en España, se ha estimado que más de 7.000 normas deberán adecuarse a la Directiva de Servicios a más tardar el 28 de diciembre de 2009. Además de aplaudir la entrada en vigor de la Directiva de Servicios, los ciudadanos españoles podrían plantearse por qué los poderes públicos les han fallado en más de 7.000 ocasiones.
En todo caso, los poderes públicos españoles tienen una oportunidad de congraciarse con sus ciudadanos. La adecuación de la normativa española a la Directiva de Servicios les ofrece una oportunidad histórica de primar el interés de todos frente al de unos pocos. Las presiones de los grupos de interés serán intensas pero la satisfacción personal de servir a todos los ciudadanos debería ser una fortaleza moral. En esta misión, crucial en un entorno de crisis aguda, las autoridades de competencia serán un aliado incondicional. Los informes de la Comisión Nacional de Competencia y las intervenciones públicas de su presidente han llevado a cabo un trabajo de concienciación encomiable frente a la Administración central y los agentes económicos.
Las autoridades autonómicas de competencia tendrán a su vez un papel importante en el ámbito autonómico. Todavía estamos a tiempo de evitar que el Tribunal de la UE sancione económicamente a España por incumplir la Directiva de Servicios, haciendo realidad las previsiones de muchos pesimistas (¿optimistas bien informados?). No nos podemos permitir el lujo de defraudar a nuestros ciudadanos en este momento tan importante.
Javier Berasategi. Presidente del Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia