FROB y cajas de ahorro
El sistema financiero español resistió relativamente bien los embates de las turbulencias en los mercados internacionales del pasado otoño. Sin embargo, sus efectos sobre la economía real sobredimensionados por el ajuste en el sector constructor y, especialmente, promotor están dañando notablemente los balances de las entidades financieras conduciéndolas hacia una obligada reestructuración. Con el objetivo de encauzar este proceso el Ejecutivo ha aprobado el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en la misma semana en que la Comisión Europea publicaba su informe Public Finance in EMU-09 en el que presta especial atención a las políticas públicas implementadas en pasadas crisis bancarias.
La Comisión hace un repaso a las medidas aprobadas por el conjunto de los Gobiernos nacionales de la Unión y les estima un coste promedio del 36,5% del PIB para la eurozona, si bien la cuantía utilizada hasta el momento se reduce hasta el 11,1%. En nuestro país, las medidas efectivamente aplicadas suman un 4,6% del PIB y el conjunto de las partidas aprobadas se situaría en el 12,1%, a lo que habría que sumar ahora los 9.000 millones de euros iniciales del FROB. De este modo, el coste aprovisionado de las políticas de respaldo al sector financiero se situaría en España muy por debajo de las tasas del conjunto de la Eurozona, reflejando la buena gestión relativa de las entidades financieras de nuestro país y, sobre todo, la regulación y supervisión del Banco de España. Sin embargo, esta reestructuración financiera le supondrá un coste directo al erario público y aún cuando muchas de las políticas públicas presentan una potencial rentabilidad positiva a medio plazo (compra de activos, la garantía a las emisiones de deuda o la entrada en el capital de las entidades financieras), la Comisión estima esta tasa de recuperación en crisis previas en un modesto 20%. Por ello, el dinero público debería ayudar, no sólo a salvar la actual crisis, sino además a asentar los pilares del sector a largo plazo. En este sentido, consideramos que el FROB se ajusta bien a las necesidades de corto, pero viene a evidenciar los problemas derivados de un "efecto fijo" de nuestro mercado financiero: la "exótica" estructura de propiedad de las cajas de ahorro.
En primer lugar, la ausencia de accionariado en las cajas de ahorro ha obligado a diseñar una inyección de capital a través de cuotas participativas que tendrían derechos políticos sólo y exclusivamente en manos del FROB. Así, el Legislador ha tenido que habilitar una vía extraordinaria para asignar parte de la propiedad de las potenciales cajas intervenidas al FROB como única garantía de salvaguardia del buen uso del dinero público. De este modo, esta "original" solución para asignar derechos de propiedad emanados de las cuotas dependiendo del perfil del titular nos conduce al segundo interrogante: ¿cuál será la estrategia de salida del FROB de la propiedad de las cajas de ahorro si un cuotapartícipe privado continuará sin tener derechos políticos?
Sin duda, todos estamos adelantando fusiones y/o "adquisiciones" sólo entre cajas de ahorro. Dado que muchas de estas operaciones se realizarán entre instituciones de distintas Comunidades Autónomas, nuevamente el Legislador se ha visto obligado a hacer una renovada lectura del marco regulador previo. En este sentido, el FROB ha logrado que el Banco de España dirija todo el proceso de reestructuración de las cajas bajo el único criterio de viabilidad económica, si bien persisten amenazas de recurso al Tribunal Constitucional por parte de algunas Comunidades y formaciones políticas nacionalistas.
Así pues, el diseño del FROB ha permitido visualizar una vez más la peculiar estructura de propiedad de las cajas que presenta efectos negativos no sólo sobre el funcionamiento del mercado bancario, sino también sobre la estabilidad financiera de las propias cajas dado que generan importantes problemas para la captación de recursos de primera categoría y para abordar procesos de consolidación. Por ello, la constitución del FROB debería suponer el primer paso hacia una revisión más amplia del mercado financiero que debería mitigar la probabilidad de crisis recurrentes difíciles de abordar ante la complicada estructura de propiedad de las cajas de ahorro.
Por ello, consideramos necesario una nueva ley que combine el diseño de una figura societaria estándar para las cajas con el mantenimiento de la obra social. Con este objetivo, existen propuestas que apuntan hacia la constitución de una fundación que retenga una buena cuota en la propiedad de la caja, a través de la cual se ejecute la obra social y cuyo patronato estuviera formado por los representantes institucionales. De este modo, se podría avanzar aún hacia la profesionalización de la gestión técnica de las propias cajas y permitiría garantizar su viabilidad y crecimiento en el medio plazo.
Jonás Fernández. Director del Servicio de Estudios de Solchaga Recio & Asociados / Carlos del Olmo. Analista financiero de Solchaga Recio & Asociados