TRIBUNA

Hombre público

Desde el célebre consejo que Franco le diera a uno de sus ministros -"haga como yo, no se meta en política"-, la actividad política no ha gozado de buena reputación en nuestro país. De acuerdo con el CIS, la profesión de político está entre las menos valoradas por los españoles. ¿Por qué una actividad cuyo objeto es servir al la comunidad tiene tan mala reputación?

En primer lugar, debido a la juventud de nuestra democracia. El aprecio por la cosa pública y la implicación de los ciudadanos en su gestión tiene mucho que ver con la posibilidad de elegir a las personas a las que confiamos los asuntos de todos. En ausencia de democracia, el ciudadano es pastoreado por sus dirigentes, y disminuyen sus incentivos para formarse una opinión sobre cómo debería conducirse el Gobierno, siendo remota la posibilidad de formar parte de la comunidad de gobernantes.

En segundo lugar, por la tendencia a hacer de la política una actividad vitalicia. Es más fácil valorar a un profesional que decide dedicar unos años de su vida al servicio público y se reincorpora después a su actividad privada, que al político que inicia y acaba su carrera en un partido político. Como decía el ex presidente de una Comunidad Autónoma, "nadie debería acceder a la política si no está dado de alta previamente en la seguridad social".

En tercer lugar, la falta de simbiosis entre los sectores privado y público distancia a la ciudadanía de la mal llamada "clase política" y alienta los prejuicios contra la actividad pública. Las incompatibilidades para desempeñar determinados trabajos una vez finalizada la actividad política son un arma de doble filo: tan peligrosa es su ausencia total, que permite la prestación de favores desde el poder para su recobro desde el sector privado, como el establecimiento de incompatibilidades excesivas, que desincentivan que personas de gran valía aparquen sus profesiones, disuadidas por la imposibilidad de volver a las mismas durante muchos años.

Por otra parte, las oposiciones garantizan la igualdad de oportunidades, pero es preciso reformar su formato, excesivamente basadas en la memoria y escasamente diseñadas para detectar en el candidato las habilidades precisas para el puesto al que oposita. La normativa vigente ni siquiera facilita el acceso temporal del ciudadano a los altos cargos de la Administración. Esta posibilidad nada tiene que ver con la indeseable proliferación de contratos que las administraciones autonómicas realizan a personas que no han superado oposición alguna.

Y en cuarto lugar, la necesidad de que la Administración actúe en función del interés general no sólo requiere de coordinación entre los intereses del Estado, las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos, sino que exige extremar la precaución para evitar la corrupción. Los casos de personas que utilizan su capacidad de decidir asuntos públicos en beneficio propio infligen un daño severo a la imagen de toda la profesión política. Las personas que ostentan cargos de responsabilidad pública están obligadas a conducirse con mayor rectitud que el ciudadano de a pie. Para que éste esté tranquilo con el poder que deposita en sus representantes es vital el funcionamiento de un doble rasero: la legalidad vigente para el ciudadano ordinario y la ética para el gobernante, que además de ser honrado debe parecerlo.

Resultan llamativas las declaraciones de los políticos que, ante las críticas o sospechas que sobre su persona publican los medios de comunicación, se dicen perseguidos o incluso afirman sin sonrojo que sólo hablarán de tales asuntos en los tribunales. Jeremy Bentham decía en sus Falacias Políticas que "las críticas a los cargos públicos son útiles incluso cuando son injustas", pues el riesgo de que el gobernante se vea expuesto a ellas le obliga a extremar el celo en el cumplimiento de su deber. Una persona que aspire a dirigir a la ciudadanía, a ser su líder, está obligada a la máxima transparencia, ofreciendo todo tipo de explicaciones para los ciudadanos sin parapetarse en los dilatados tiempos que caracterizan los procesos judiciales.

Todos los obstáculos anteriores han hecho perder crédito a la función pública en que los ciudadanos de a pie pueden participar, un crédito que entre todos debemos recuperar con urgencia. Hay muchos ciudadanos con inquietudes políticas que no se plantean el servicio público ante las dificultades de acceso y la ausencia de incentivos precisos que atraigan su talento. No podemos permitirnos el lujo de desaprovechar su interés.

José María Nogueira. Economista jmn@georgetown.edu