Una justicia gratuita mejor
La situación de crisis económica que vivimos hace aumentar la demanda de justicia: desde las grandes sociedades en dificultades, que buscan en el concurso de acreedores un alivio a su asfixia financiera, a los miles de trabajadores que se enfrentan con la crisis de su empresa o que no pueden atender sus compromisos de pago. La demanda de justicia gratuita no queda al margen de este proceso y también crece. Ese incremento genera un problema presupuestario a las Administraciones públicas a las que corresponde soportar económicamente el servicio público, y contribuye a la sobrecarga de nuestros tribunales.
Sin embargo, el servicio público de la justicia gratuita funciona eficazmente para el ciudadano, con el esfuerzo diario de miles de abogados y la constante actividad de organización y gestión -24 horas al día 365 días al año- de los colegios de abogados a los que la ley hace esa encomienda para garantizar la independencia y libertad del abogado y la calidad de su prestación. Sólo en la Comunidad de Madrid son aproximadamente 300.000 los ciudadanos que al año se benefician de la justicia gratuita.
No puede haber un buen sistema de justicia sin una buena justicia gratuita para quienes carecen de recursos y no puede ponerse en riesgo el servicio con una sistemática desatención por parte de las Administraciones públicas que se niegan a reflejar en sus presupuestos la más que previsible evolución de la demanda, eludiendo, además, la justa actualización de las remuneraciones. En la Comunidad de Madrid, cuyos baremos no han tenido ninguna revisión desde 2003, se abonaron en marzo de 2009 (con cargo al presupuesto de este año) la mayor parte de las prestaciones devengadas en el segundo trimestre de 2008 y la totalidad de los trimestres tercero y cuarto. Este año (con el presupuesto agotado por la liquidación del anterior) no se ha abonado nada. La ley establece una regularidad trimestral en los pagos.
Y la atención no ha de ser sólo económica: el diseño legal de la justicia gratuita data de 1996 y no responde a la actual realidad social. Los abogados llevamos mucho tiempo ofreciendo nuestra colaboración para mejorar el sistema y eliminar sus disfunciones bajo el principio básico de la plenitud del derecho de defensa, que es nuestro compromiso constitucional. El Ministerio de Justicia ha diseñado un plan estratégico que contempla la revisión de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y está llamando a un amplio acuerdo social para desarrollarlo, que incluye a la abogacía. Se abre así una vía de colaboración institucional imprescindible, aunque insuficiente para lo mucho más que podemos hacer para que el valor de la justicia, que la Constitución sitúa en la cúspide del ordenamiento, tenga más que ver con la justicia de cada día.
Antonio Hernández-Gil . Decano del Colegio de Abogados de Madrid