Corbacho comparecerá en agosto para explicar la situación del diálogo social
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, comparecerá de forma urgente en el Congreso para informar sobre la situación que atraviesa el diálogo social y sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y, aunque no se ha fijado la fecha exacta, esta tendrá lugar en agosto.
La comparecencia ha sido aprobada por la Diputación Permanente del Congreso, que hoy ha aprobado por unanimidad la petición de los grupos de ERC-IU-ICV y PNV para que comparezca Corbacho.
Durante su intervención el diputado de IU Gaspar Llamazares culpó a la CEOE de la reciente ruptura del diálogo social y aseguró que la patronal "se ha pasado de la raya" con sus propuestas y pretende que los trabajadores paguen la crisis con una "libra de carne". La patronal se ha convertido en "Shylock del Mercader de Venecia", añadió.
El diputado del PNV Emilio Olavarria fue más allá y pidió que, además de Corbacho, sea el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien comparezca para explicar las causas de la ruptura del diálogo social.
Además, Olavarria reprochó al Ejecutivo que "cuando fracasa una negociación no se puede estigmatizar a un interlocutor", en referencia a las acusaciones del Gobierno a la CEOE de romper el diálogo social.
El portavoz del BNG en el Congreso, Francisco Jorquera, consideró que "para llegar a un mal acuerdo es preferible no llegar a ninguno" e instó al Gobierno a tomar medidas ante la situación económica a pesar de la ruptura del diálogo social.
El número dos de CiU al Congreso, Pere Macias, aseguró que comprendía la posición de los sindicatos pero instó al Gobierno a no ponerse del lado de éstos "sólo porque quede mejor".
Además, dijo que "atacando a la CEOE se está atacando a todos los empresarios" e instó al Ejecutivo a "dar calor humano" a los empresarios que "también están sufriendo y trabajando". En su reunión de hoy, la Diputación Permanente rechazó la petición del PP de que el titular de Trabajo comparezca para explicar los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).
Esta petición fue rechazada con 28 votos en contra, 21 a favor y 3 abstenciones. La diputada del PSOE María José Sanchez Rubio argumentó el voto en contra de su grupo porque "no es responsable sacar crédito político sobre algo tan sangrante como los datos de paro".
