El desempleo desestabiliza el erario público
El desempleo se ha convertido en la primera preocupación de la sociedad española, tras elevarse hasta el 18% de los activos, más del doble que hace dos años y nada menos que 4,13 millones de personas. Además de paralizar el proyecto vital de los afectados y sus familias, y socavar su autoestima profesional, genera un pesimismo agarrotador sobre las expectativas colectivas y tiene un efecto desestabilizador también sobre las cuentas públicas del país. Cuando la sociedad observa cómo cada día más gente pierde su trabajo, reduce su consumo y su inversión y muestra una disposición natural al ahorro. Y hasta que el crecimiento no vuelve a traducirse en un avance de la ocupación, los que nunca perdieron el empleo no reaccionan con nuevos proyectos de inversión o consumo duradero. Por ello, el efecto expansivo del desempleo sobre la actividad es doblemente paralizador.
De hecho, no hay ni una sola variable de la economía que no reaccione ante los cambios en la dimensión de la fuerza laboral y su renta. Y uno de los más inmediatos es el efecto que sobre los estabilizadores automáticos de los Presupuestos públicos provoca, como una pinza sobre los ingresos y sobre los pagos. Cuando un trabajador pierde su empleo, el erario público pierde con él un flujo regular medible de ingresos por el impuesto sobre la renta, así como la recaudación que genera por cotizaciones a la Seguridad Social y a otras contingencias (desempleo, formación profesional, accidentes de trabajo), tanto patronales como laborales. Además, si quien pierde el empleo ha cotizado más de seis años, el Estado debe abonarle durante 24 meses el seguro de paro, junto con sus aportaciones a la Seguridad Social, aunque en este caso el dinero sale de las arcas públicas para entrar en otra caja de las arcas públicas.
En total, cada trabajador con el sueldo medio en España que pierde su trabajo cuesta al Estado unos 28.000 euros al año. Así, la nómina del desempleo puede superar este año los 35.000 millones de euros y acercarse, con la prórroga que aprobará próximamente el Gobierno, a los 40.000 millones en 2010. Una cantidad que bien podría superar el gasto que el país destina a educación.
Con estas partidas, además de la merma de los ingresos generada por la crisis, el saldo fiscal público se situará cerca del 12% este año, una cantidad muy notable que elevará por pasiva la carga de intereses en el Presupuesto. Por ello, debe buscarse una solución sosegada, pero decidida, que no parece que vaya a aportar el diálogo social fracasado la semana pasada. Ver cómo funcionan los mercados laborales en Europa y aplicar las fórmulas más eficientes para que la economía genere más empleo y de más calidad es inaplazable. Con la participación de sindicatos y patronal, o simplemente gobernando, el Ejecutivo tiene que poner soluciones en marcha cuanto antes.