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El pacto social, o cómo saquear al Estado sin poner nada a cambio

El pacto social que Zapatero tiene tantas ganas de cerrar con los sindicatos y la patronal se ha convertido en una operación en la que éstos compíten por sacar la mayor cantidad de recursos al Estado, sin aportar nada a cambio para superar la crisis económica. Un saqueo orquestado de los recursos públicos de será menos de 7.000 millones de euros al año, contabilizando cotizaciones y prestaciones por desempleo, y en el que el Gobierno desea obtener réditos políticos haciendo creer a la opinión pública que el pacto es fundamental para superar la crisis económica. Pero no tal.

En una política cada vez más invadida por la gesticulación, en la que las formas y las apariencias tienen más valor que los contenidos reales, el Gobierno está empeñado en un acuerdo que barnice la parálisis de reformas que practica desde que arrancó la recesión económica. Un año después de haberse comprometido a un pacto para recuperar los niveles de empleo, el empeño puesto por las partes ha sido muy escaso, y ahora tratan de acelerar los contactos, tutelados más por Moncloa que por Trabajo o Economía, ante la necesidad política de sacar una foto en la primera página de los periódicos, aunque los contenidos sean crematísticos, o, en el mejor de los casos, una sustración de recursos presupuestarios.

En el proyecto conocido hasta ahora, que ha cambiado varias veces a medida que las exigencias de patronal y sindicatos crecían y sus resistencias a la firma se enducrecían, además de incluir varias modificaciones fiscales planteadas por Zapatero en el Congreso o los programas de gasto público municipal, sólo se aprecian como grandes justificaciones de la firma una reducción de cotizaciones sociales a las empresas, y un incremento de la cobertura de paro para los desempleados que hayan agotado la prestación constributiva y asistencial a la que tuviesen derecho.

Los primeros contenidos únicamente están para que el pacto dé una especie de aval político a los planteamientos fiscales del Gobierno y su presidente, para cuando en el futuro los plantee en el Parlamento como hechos consumados. Y el resto para mermar los recursos públicos cuando más necesidaddes de financiación tienen el Estado y la Seguridad Social, así como para cebar un poco las cuentas de resultados de las empresas. ¿Qué ponen los sindicatos y la patronal a cambio en este viaje? ¿Dónde está el sacrificio salarial, de precios y de márgenes para recomponer los niveles de competitividad perdidos?. ¿Dçnde está el compromiso de una flexibilización de los costes de la contratación de plantillas, desde la contratación a la fijación de salarios y el despido?. Todos los acuerdos sociales del pasado eran una compensación de esfuerzos y sacrificios para obtener una mejora de las condiciones laborales. Pero en este caso es una concesión gratuita e irresponsable del Gobierno a sindicatos y patronal, únicamente por interés político.

Además, el acuerdo se está negociando a espaldas, o al menos sin la participación, del Ministerio de Economía y Hacienda, que tendría que velar, primero, porque las decisiones fuesen coherentes con la política económica (¿cuál?), y, segundo, respetuosas con el compromiso de no forzar en exceso el déficit público para volver cuanto antes al equilibtrio fiscal. Con este acuerdo, el déficit de la Seguridad Social se precipitará unos cuantos meses antes, aunque un enjuague presupuestario permitirá que sus saldos negativos sean compensados por el Estado para que la Seguridad Social ofrezca una virginal imegan saneada, según su secretario de Estado, Octavio Granado, que no está nada contento con este acuerdo tan desequilibrado. Trampas en el solitario, vamos. Qué más da que quien y ingrese o gaste sea el Estado o la Seguridad Social, si ambaos instrumentos son financiados por las mismas personas.

Está, además, demostrado que en tiempo de crisis una reducción de cotizaciones, salvo que sea realmente revolucionaria, no crea ni un sólo empleo. Está ensayado en 1994, cuando las expectativas eran de parálisis de la economía, y la reducción de un punto de cotizaciones exigida entonces por CiU acambio de una subida del IVA, no sirvió para nada más que para medrar unnpoquito las cuentas de resultados de las empresas, insisto, a cambio de nada.

Respecto a las ayudas a los desempleados que agoten la prestación, nada que decir, si es coyuntural. Pero ¿a los desempleados que la hayan agotado antes o no hayan tenido nunca prestación, quién les ayuda, señor presidente?. Hay 1,5 millones de parados en esa situación, y habrá más en los próximos trimestres, y es ahí donde está la verdadera necesidad para evitar un conflicto social realmente serio, y que hoy están impidiendo las familias, las ONG's o las instituciones de beneficencia de distinta filiación.

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