El futuro salarial de los funcionarios
El Gobierno ha empezado a lanzar los primeros mensajes sobre las líneas maestras de los presupuestos del año próximo. Y uno de ellos es la austeridad, el control de gastos en todas la partidas, incluido el siempre polémico y espinoso asunto de la retribución de los funcionarios. Hace justo una semana, el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, hacía el primer planteamiento en una entrevista concedida a CincoDías. "Si para el año que viene acabamos de aprobar un techo de gasto del Estado que cae un 4,6%, la evolución salarial de los funcionarios debe ser coherente y adecuarse a esa situación", señalaba textualmente Campa. Unos días después, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, hacía una reflexión sobre la extensión de la contratación a tiempo parcial incluso en la Administración. "Todos sabemos que hay puestos de trabajo cubiertos a jornada completa que en la práctica son parciales enmascarados", aseguró.
Ambos mensajes se producen cuando, en contra de lo que suele ser habitual, aún no se han abierto las negociaciones en las que Administración y sindicatos fijan el futuro salarial de los casi 2,7 millones de personas que trabajan en la función pública española, en sus distintas vertientes y ámbitos geográficos.
No obstante, sobre esa mesa de negociación se ciernen nubarrones que presagian un inevitable enfrentamiento, puesto que el fondo de los mensajes lanzados desde Economía o Trabajo no están en sintonía con los planteamientos de las centrales sindicales con representación entre los funcionarios. Todos se niegan a oír hablar de congelación salarial, básicamente con dos argumentos. Por una parte, la pérdida de poder adquisitivo histórico que arrastran, especialmente desde las congelaciones salariales determinadas en 1994 y 1997. Por otra, que una congelación o rebaja de los salarios afectaría negativamente al consumo, lo cual podría retrasar la recuperación de la economía española.
Razones a considerar, sin duda. Sin embargo, en un momento tan complicado como el actual, en el que no se adivinan grandes alegrías a corto y medio plazo, lo más sensato parece sumarse a los agentes que reclaman, y practican, la táctica de apretarse el cinturón un agujero más. Cierto es que los sueldos medios de los funcionarios no son, ni de lejos, los mayores del mercado. Pero no es menos cierto que el empleo en las Administraciones goza de una característica, la estabilidad, que es un auténtico tesoro en épocas de recesión.
Por todo ello, esa futura negociación ha de abordarse con grandes dosis de austeridad, de realismo, de flexibilidad (¿por qué no aplicar distintas políticas retributivas en función de cometidos, eficiencias o niveles de renta previos?) y de ejemplaridad para el resto de sectores, de patronos y de asalariados. La oportunidad es única.