Insolvencias

Justicia se pone un plazo de nueve meses para elaborar la reforma de la Ley Concursal

El Ministerio de Justicia constituyó hoy el grupo de expertos encargados de reformar integralmente la Ley Concursal, que contará con un plazo inicial de nueve meses para elaborar un borrador y que deberá decidir si incluye o no un tratamiento en profundidad del sobreendeudamiento de particulares.

El secretario general técnico del Ministerio de Justicia y presidente del grupo de expertos, Santiago Hurtado, sostuvo hoy que la reforma de la ley, que se aplica desde 2004 a las insolvencias de empresas y particulares, está enfocada a eliminar las "rigideces y disfunciones" existentes y no busca "solucionar los efectos de la crisis económica".

Hurtado, en declaraciones a la prensa, justificó que una parte de los problemas derivados de la crisis ya se abordaron en la reforma que se aprobó el pasado 27 de marzo, que busca dar más seguridad jurídica a las refinanciaciones de deuda de empresas para apoyar a las compañías viables y evitar concursos de acreedores innecesarios.

No obstante, en un comunicado, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, insistió en que la futura ley "deberá contemplar la situación que nace de la nueva realidad económica y laboral de nuestra sociedad, a fin de ayudar tanto a las empresas como a los trabajadores en un escenario global".

Endeudamiento de particulares

Los 19 expertos que forman la Sección Especial de la Comisión de Codificación Mercantil para la reforma de la Ley Concursal abordará, entre otros asuntos, la posible regulación en profundidad dentro de esta norma del endeudamiento de particulares.

"Es un tema tan complejo que puede que compense sacarlo fuera o que finalmente tenga encaje en la Ley Concursal", explicó Santiago Hurtado.

Entre los "ejes básicos" de la nueva reforma también figurará la reducción de costes del proceso, el impulso de los procedimientos abreviados para favorecer la agilización en la continuidad o liquidación de las compañías insolventes, y la introducción de nuevos aspectos en materia laboral.

Además de promover la seguridad jurídica de las inversiones en empresas que finalmente se vean inmersas en un concurso de acreedores, la reforma también buscará "eliminar el estigma" que supone un procedimiento por insolvencia.

"Se tratará de una reforma más o menos integral que mantenga los criterios de la legislación vigente, que está funcionando bien" en cuanto al propósito de buscar la viabilidad de las empresas insolventes, afirmó el secretario general técnico de Justicia.

Santiago Hurtado explicó que el grupo de expertos, que se reunirá durante 9 meses que podrían ser prorrogados, está formado por profesionales con alta "cualificación técnica, que pueden funcionar como representantes de los sectores" más interesados en la reforma: la doctrina científica, la carrera judicial, la Administración y los operadores privados.

Así, destacan desde miembros de la administración del Estado como la coordinadora de procesos concursales de la Agencia Tributaria, Concepción Ordiz, o el coordinador de concursos de la Abogacía General del Estado, Luis Gonzaga, hasta catedráticos de Derecho Mercantil de la talla de Manuel Olivencia, Juana Pulgar, Ángel Rojo, Alberto Díaz Moreno y Esperanza Gallego.

También están presentes varios representantes de la judicatura, como los presidentes de las secciones especializadas en mercantil de la Audiencia Provincial de Madrid (Alberto Arribas) y de la Audiencia Provincial de Barcelona (Ignacio Sancho), así como jueces de lo mercantil como el catalán José María Fernández Seijo o la andaluza Nuria Orellana.

Entre los miembros de la Sección Especial, cuya constitución estuvo presidida hoy por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, también destaca el administrador concursal Antonio Moreno, encargado entre otros del procedimiento de Martinsa o Fórum Filatélico.