Por un modelo definitivo de financiación
El respaldo concedido por el Consejo de Política Fiscal y Financiera al nuevo modelo de financiación autonómica cierra un conflicto abierto con la ampliación de los márgenes de autogobierno concedidos en la última oleada de revisiones estatutarias, cuyo paradigma es, sin duda, el Estatuto de Cataluña, y que la crisis financiera de todas las Administraciones hacía insostenible. La sangría de recursos ocasionada por la recesión, más intensa en la actividad residencial y que golpea de forma directa a los tributos que gestionan las comunidades, convertía en primera necesidad una actualización del modelo, para sacar a las cajas autonómicas de la anemia financiera en la que se encuentran. Todas las Administraciones regionales, independientemente del color político de sus Administradores, necesitaban el auxilio fiscal del Estado. Y todas ellas sanearán sus cuentas con la nueva inyección directa de recursos estatales, por muchos reparos políticos, abstención forzada por la dirección nacional del PP incluida, que pongan en los órganos institucionales encargados de visar el nuevo sistema.
Pero el nuevo mecanismo de reparto de la financiación debe establecer contrapartidas tasables y ejecutables a las comunidades autónomas. Si las correcciones en las aportaciones de cada una al fondo común de financiación de los servicios básicos (sanidad, educación y servicios sociales) y del Estado a los que financia de forma exclusiva se corrigen cada año en función de los movimientos de la población, el sistema debería considerarse cerrado y definitivo. La demanda de autogobierno de algunas comunidades, especialmente las que tienen más componente nacionalista en sus fuerzas políticas, puede demandar en el futuro más parte de los impuestos que desde ahora se ceden en un 50% o más, así como nuevas esferas de gestión. Pero el Estado y sus administradores, los actuales y los futuros, deberían establecer ya unos límites a esta especie de goma elástica.
Arranca el nuevo mecanismo de financiación, además, en un momento de extremado estrés para las finanzas de todas las Administraciones. A las comunidades les es exigible el cumplimiento exacto de los compromisos adquiridos en el propio Consejo de Política Fiscal y Financiera para lograr que el saldo fiscal autonómico no sobrepase el déficit del 2,5%, a sabiendas de que a muchas de ellas una proyección de sus cuentas actuales las lleva ya a un desequilibrio muy superior. Este acuerdo se ha solventado, a fin de cuentas, tirando de dinero de la caja común con un sobrecoste de unos 11.000 millones al año, que es, en números redondos, un 1% adicional de déficit público. Puede parecer poca cosa cuando el desequilibrio fiscal puede llegar este año al 11% o 12%; pero es un lastre añadido que habrá que corregir en un escenario de tensiones financieras internacionales, por el simple hecho de que todos los Estados emiten deuda a mansalva, y financiar la de las economías con menos crecimiento será más caro. Por eso el compromiso de las comunidades de cumplir estrictamente los objetivos de déficit es más importante que nunca. Los pasos sucesivos dados para llegar hasta los niveles de soberanía tributaria que el pacto aprobado ayer conlleva deberían ser suficientes para que cada región utilizase la corresponsabilidad fiscal plenamente, a sabiendas de que no existe más colchón estatal detrás.
Lógicamente tal circunstancia se alcanzaría si la cesión de los grandes impuestos fuese plena, y junto con los recursos, una capacidad normativa y jurídica completa, que descartase la posibilidad de cualquier excusa para exigir nuevos recursos. En todo caso, tal posibilidad no existe, puesto que el nuevo modelo camina a caballo entre un Estado de las autonomías avanzado y un Estado federal, y sigue teniendo más de descentralización de los recursos impositivos del Estado que de centralización de los recursos tributarios de los territorios.
Pero los niveles alcanzados en la cesión de impuestos cruciales como IRPF o IVA, así como en especiales, con la capacidad normativa destopada sobre la parte cedida de cada impuesto otorgan unos poderes hasta ahora desconocidos a los Gobiernos autonómicos para hacer políticas económicas con instrumentos fiscales muy diferentes a las practicadas hasta ahora. Ha llegado el momento de que los utilicen con responsabilidad y eficacia.