Más soberanía para hacer activismo fiscal
El nuevo modelo de financiación autonómica tiene la virtud de poner al día un mecanismo avejentado por las circunstancias sociales y económicas. Pero, además, supone un determinante impulso político para el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que ha de ser vital para despejar buena parte de las dudas parlamentarias de esta legislatura. Y es que el acuerdo puede ensamblar de nuevo el respaldo de varios grupos nacionalistas de diversa raigambre ideológica (ERC, CC, BNG) al proyecto sin mayoría de Zapatero para respaldar las leyes imprescindibles que lo sustenten, especialmente los difíciles Presupuestos de 2010. Los flirteos con los nacionalistas moderados catalanes, incluso el nuevo acercamiento de la facción más moderada del PNV, pueden ser irrelevantes si el pacto de financiación logra soldar un consenso político no escrito más allá del reparto y ajuste de las cifras que se haga en el Consejo de Política Fiscal.
El pacto de financiación, que parte de los planteamientos establecidos en el Estatuto de Cataluña, tiene al menos tres anclajes técnicos que le dan plena vigencia y que pueden proporcionarle más longevidad, si, como está previsto, las cifras relativas al peso de la demografía se ajustan cada año. Este es uno de los principales logros, ya que en los nueve últimos años los saldos poblacionales han sido muy desequilibrados por la atracción bien diferente ejercida por cada comunidad autónoma sobre la inmigración económica que ha traído a España tres millones de habitantes.
Además, el modelo establece con buen criterio que el reparto solidario de recursos se destine sólo a servicios sociales, sanidad y educación, y que el resto tenga una relación directa con el dinamismo de la actividad económica. Para ello, más allá de los 11.000 millones adicionales de los que dispondrán las arcas regionales, tendrán una cesión más abultada de todos los tributos en los que ya participaban, y con mayor capacidad normativa sobre ellos.
Esta capacidad normativa sobre el 50% del IRPF, y que puede permitir a los Gobiernos regionales cambiar desde el número de tramos del impuesto en la mitad que gestionen, incluso dejándolo en un tipo único, así como mover el tipo a aplicar a cada tramo bien hacia arriba o hacia abajo, pero siempre respetando el único principio de la progresividad, es la mejor aportación del nuevo sistema.
Es un paso muy firme hacia la corresponsabilidad fiscal real, que convertirá a las comunidades autónomas y a sus dirigentes en auténticamente autónomos para ejercer sus políticas, incentivando aquello que consideran que favorece a la ciudadanía. Sin embargo, tal atributo debería ser completado con la cesión de la titularidad jurídica del impuesto que se pone en sus manos, para evitar que en el futuro insuficiencias presupuestarias fuercen ulteriores puestas a cero de los contadores, aprovechando las debilidades parlamentarias de los Gobiernos que generan la legislación y los calendarios electorales.