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Electricidad

Industria tendrá en cuenta a las amas de casa para aplicar el bono de la tarifa

Las familias con derecho a recibir el bono social de la tarifa eléctrica por tener a todos sus miembros en paro no necesitarán que éstos estén registrados en el Inem. Basta con que demuestren que simplemente no trabajan, como es el caso de amas de casa o estudiantes, para ser bonificados. Este es un cambio que Industria ha introducido para evitar un aumento del paro achacable al bono social.

La maraña del bono social eléctrico se enreda cada vez más, tanto para las compañías que tienen que aplicarlo, como para los beneficiarios. Y es que la norma ha sido sometida a cambios hasta el último momento. Así, la resolución de Industria sobre el procedimiento de aplicación del bono, que se publicó en el BOE el 29 de junio (dos días antes de su entrada en vigor), establece un cambio importante respecto a uno de los colectivos con derecho al mismo: el de las familias con todos los miembros en paro.

Así, según el borrador de esta resolución que unas semanas antes el ministerio que dirige Miguel Sebastián había remitido a la Comisión de la Energía, se consideraba en situación de desempleo a los demandantes de empleo registrados en los términos incluidos en la una orden del Ministerio de Trabajo que "establecen criterios estadísticos para la medición del paro registrado". En otras palabras, que el solicitante figurase inscrito en las oficinas del INEM y, por tanto, formase parte de la población activa.

¿Y qué ocurriría con las amas de casa o los estudiantes que, sin estar registrados, no trabajan y el resto de sus familiares estuviese en paro? Ante el temor de que, para obtener el bono social, este colectivo se registrara en el INEM, con el consiguiente riesgo de un aumento de la tasa de paro, el ministerio optó por cambiar el concepto de desempleado registrado por el de "no ocupado".

No hace falta registrarse en el Inem para demostrar que el cliente está en paro

Así, en la resolución que finalmente ha entrado en vigor se establece que "a partir del 1 de julio tendrán derecho al bono social las familias con todos sus miembros en edad de trabajar en situación de desempleo". Eso sí, en este caso se entiende que están en dicha situación "aquellos solicitantes y miembros de la unidad familiar que, sin tener la condición de pensionistas los perceptores de pensiones mínimas son bonificados, no realicen ninguna actividad laboral por cuenta ajena o propia". En todo caso, esta bonificación es sólo para la vivienda habitual de los consumidores con tarifa de último recurso (TUR).

Este cambio, del que no habían sido advertidas las empresas, supondrá un aumento de los beneficiarios difícil de cuantificar. Con esta medida, Industria ha querido evitar que el controvertido bono social, que sólo va a suponer un ahorro de 70 céntimos como media mensual hasta enero, provocase un incremento de la población activa desempleada, máxime cuando España supera ya los cuatro millones de parados.

Por el momento, las eléctricas deben aplicar el bono de forma automática este mismo mes a los clientes con una potencia inferior a 3 kW. Se calcula que este colectivo asciende a cuatro millones brutos, si bien, como debe aplicarse sólo a la primera vivienda el número es inferior. ¿En cuánto? Las empresas sólo tienen la referencia del contrato de suministro en el que el cliente debe indicar si se trata de su primera vivienda, pero ya han advertido que algunas no lo son, aunque así figura en dicho contrato, porque en ellas sólo se registran consumos en los meses de verano.

En cualquier caso, tras el convenio que las compañías tienen previsto firmar con el INE, éstas podrán discernir esta información, ya que podrán comprobar cuál es el lugar de empadronamiento de los clientes.

Además de estos cuatro millones, que podrían reducirse quizá en medio millón, hay que contabilizar a los dos millones de pensionistas con pagas mínimas y mayores de 60 años, según datos de la Seguridad Social, y el millón de familias numerosas que hay en España. Todos ellos tienen derecho al bono. En total, unos 5,5 millones a los que faltaría por añadir las familias con todos los miembros en paro (ahora no necesariamente registrados en el INEM). Según los últimos datos de la EPA en esta situación se encuentran más de medio millón de hogares.

Seis millones y medio se ahorrarán 70 céntimos

En el supuesto de que todos los potenciales beneficiarios del bono social eléctrico (unos seis millones y medio de los casi 25 millones de clientes con tarifa de último recurso o TUR) lo solicitaran, el coste para las empresas generadoras que lo financian será de 27,7 millones de euros en este semestre.Sin embargo, existen serias dudas en el sector de que los consumidores, salvo los que tienen menos de 3 kW de potencia a los que se aplicará de forma automática, vayan en tropel a solicitar una ayuda que sólo les reportará un ahorro medio por recibo de 70 céntimos hasta enero. Y es que el bono social es una tarifa reducida que supone la congelación del precio regulado que se aplicaba a los consumidores hasta el 1 de julio. Y la nueva TUR, que entró en vigor ese día, sólo ha subido dicha media.

Paso de clientes

La entrada en vigor de la nueva TUR ha provocado algunos conflictos, como la negativa de comercializadoras oficiales a aceptar los clientes que, con derecho a esta tarifa, les transfieren algunas distribuidoras. La CNE ya ha dejado clara esta obligación.

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