Las eléctricas proponen ampliar el bono social al gas natural y el butano
Las compañías eléctricas han propuesto al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que el bono social que desde este mes se aplica a consumidores vulnerables de electricidad pueda ampliarse a otras fuentes de energía como el gas natural o el butano, según fuentes del sector.
La iniciativa, que ha sido bien acogida por las asociaciones de consumidores, emulará en caso de aplicarse a otras medidas similares aplicadas al sector del gas en Reino Unido o, más recientemente, en Italia.
El bono social consiste en el caso de la electricidad en una congelación de las subidas tarifarias hasta 2012 para varios colectivos vulnerables, entre los que figuran las familias numerosas, las familias con todos los miembros en paro, las pensiones mínimas y los usuarios de la tarifa social.
En el caso de la luz, son las propias eléctricas las que asumen el coste de este bono, que es la diferencia entre la subida de la tarifa y el precio anterior. En una estimación remitida al Congreso, Industria calculó que el impacto de la medida tendrá un coste aproximado creciente que, en 2012, alcanzará los 450 millones.
Si en la electricidad la financiación está compartida por doce empresas, aunque la mayor carga corresponde a Endesa (36,7%), Iberdrola (34,9%), Unión Fenosa (10%), Gas Natural (3,5%) e Hidroeléctrica del Cantábrico (3,5%), queda por ver de qué forma distribuiría Industria su coste entre las empresas del gas y el butano, en caso de ampliar el bono a estas fuentes de energía.
De aplicarse el modelo de la electricidad, el bono social del gas podría quedar costeado por las principales empresas de estos sectores, entre las que figuran, a juzgar por las listas de operadores principales y dominantes de la CNE, grupos como Gas Natural, Repsol YPF, Iberdrola, Endesa o HC.
El precedente británico
En Reino Unido, cuyo modelo ya ha servidio de inspiración para la reciente liberalización eléctrica, se aplica a cerca de 4,5 millones de hogares el programa 'Fuel Poverty', que consiste en que las empresas suministradoras dan asistencia financiera a las familias a las que el gasto energético supone al menos un 10% de la renta disponible.
El programa británico ha mostrado eficacia en situaciones de 'pobreza energética'. Este concepto se asocia a los reducidos ingresos de los habitantes de la vivienda, a la escasa eficiencia energética de los sistemas de calefacción, a las condiciones climatológicas y al precio de la energía, mucho más elevado que en España.
Al mismo tiempo, el Gobierno británico asume la responsabilidad de velar por los consumidores más desfavorecidos a través del regulador Ofgem, al tiempo que las eléctricas se implican al apoyar a estos colectivos.
En enero, Reino Unido aprobó ampliar el bono social al sector del gas para los clientes en situación económica desfavorable, y la semana pasada el regulador energético italiano hizo público un documento en el que se fijan los principios para adoptar una medida similar.