¡Más impuestos!
El anunciado aumento generalizado de los impuestos realizado recientemente por la vicepresidenta económica ha afectado a la identidad ideológica del Gobierno de España.
Veamos. El éxito de la política de rebajas impositivas de los Gobiernos de Aznar dejó a los socialistas españoles tocados en su discurso fiscal. Resultaba complicado defender una política contraria a la que había triunfado tanto económicamente como en aceptación social. Decidieron aparcar su raíz ideológica y, tímidamente, apuntarse al carro, practicando un leve retoque -casi inapreciable- en el IRPF. Sin embargo, esta timidez de la casi reducción tributaria no alcanzó al discurso. Por el contrario, vendieron a bombo y platillo que ellos también reducían la fiscalidad y el propio presidente Zapatero se atrevió a decir que "bajar los impuestos era de izquierdas". Otro golpe táctico estaba dado, había que arrancarles la bandera a los liberales españoles y difuminar así el recuerdo de su éxito.
Sin embargo, el impacto en la economía española de la crisis, significativamente agravado por la no gestión de la misma, ofrece una cruel realidad: la recaudación fiscal en caída libre -disminuyendo un 20% respecto a 2008, en el que disminuyó un 14% sobre 2007-; el gasto público desbocado -el techo de gasto recientemente aprobado autoriza que crezca un 15% en 2010-, y consecuentemente, el déficit público descontrolado hasta preverse que alcance un 10% a final de año.
En este escenario el golpe táctico no ha sido mantenido y en una de sus primeras decisiones, la nueva vicepresidenta ha elegido la opción de subir los impuestos. Ha empezado por aumentar los que gravan el consumo de tabaco y de gasolina (por cierto, ¿no eran regresivos los impuestos indirectos?) y ha anunciado la subida generalizada de todos los demás.
Claro es que la práctica del stop and go en materia de política fiscal -ahora bajamos los impuestos, ahora los subimos- es perjudicial pues la quiebra de su continuidad resta eficacia a las políticas públicas. Adicionalmente, ahora se ha elegido el camino equivocado -subir los impuestos-.
En efecto, la evidencia empírica ha demostrado la correlación inversa que existe entre el aumento de la fiscalidad y la actividad económica, toda vez que el primero desincentiva a la segunda. Además, el efecto desincentivador es mayor conforme mayor sea el grado de globalización de la economía. Para España, inmersa en un espacio con libertad de movimientos de capitales -Unión Europea-, las consecuencias perniciosas de las subidas impositivas son tan ciertas como los efectos positivos que se logran con las bajadas. De unas y otras existe constancia en nuestra reciente historia económica.
A su vez, también hay evidencias empíricas de la correlación inversa entre el aumento de la fiscalidad y el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Es sabido que el impuesto a pagar equivale al premio obtenido por defraudar, por lo que cualquier aumento de aquél constituye objetivamente un incentivo al fraude, del mismo modo que una disminución representa de manera objetiva incentivar el cumplimiento voluntario.
Con todo, probablemente lo peor haya sido la argumentación ofrecida por la vicepresidenta. Su pregunta formulada a la oposición: ¿qué harían ustedes?, además de constituir dialécticamente un pobre recurso, supone desconocer la historia reciente y el presente de la política económica española y europea.
Así es, supone ignorar que en España durante el periodo 1996-2004 las reducciones de impuestos produjeron un impulso a la reactivación económica y lograron disminuir notablemente el déficit público. Supone desconocer que las actuales propuestas en Europa de las opciones liberal-conservadoras suelen ir en la dirección de las reducciones de impuestos. Y sin ir más lejos, supone desatender que la práctica de algunos Gobiernos regionales -es el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid- se encuentra en las antípodas de lo que ella propugna. En efecto, además de reducir la factura fiscal autonómica de los madrileños, el Gobierno de Esperanza Aguirre ha optado por la austeridad en el gasto. En este sentido, es de resaltar que los trabajos preparatorios del Presupuesto autonómico para 2010 contemplan una reducción del 15% en el gasto por adquisiciones corrientes y una disminución del 10% en el de inversión.
En definitiva, existen dos alternativas para evitar que el déficit público crezca aún más. Una, la adoptada por el Gobierno de la nación, consiste en hacer pagar la factura a los ciudadanos. La otra consiste en que los poderes públicos se aprieten el cinturón.
Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer. Ex presidente de la SEPI y socio de Consulting Tributario-CET