El Gobierno garantizará con 11.000 millones el pago de los servicios fundamentales
El 75% de los ingresos que obtengan las comunidades autónomas de la recaudación tributaria se dedicarán a una "bolsa común" que servirá para "garantizar la prestación de los servicios públicos fundamentales", según ha explicado hoy la vicepresidenta del Gobierno, Elena Salgado, en una comparecencia pública.
El objetivo del Gobierno es que el 80% de los recursos del nuevo sistema de financiación se dediquen a pagar las prestaciones sanitarias, sociales y educativas. El 75% corresponderá a las Comunidades Autónomas y el 5% restante a la Administración central a través de la recaudación conjunta de impuestos. Así, de cada euro que recaude la comunidad, 0,75 céntimos irán a parar a una bolsa común para garantizar que todos ciudadanos dispongan de esos servicios fundamentales, mientras que las autonomías podrán disponer libremente del 0,25 por ciento restante.
La aportación de la Administración central será finalmente de 11.000 millones de euros, 2.000 más de los ofrecidos hasta ahora por el Gobierno en las negociaciones. Con esa cifra, el Gobierno espera garantizar la igualdad en la prestación de los servicios básicos.
"El nuevo sistema incorpora más autonomía financiera y responsabilidad fiscal", ha señalado Salgado. Eso se traduce en que las comunidades autónomas se encargarán de la recaudación de un 50% del IVA y del IRPF y de un 58% de los impuestos especiales. "Ahora, el margen estaba entre el 355 y el 40%", ha señalado la vicepresidenta.
Salgado ha expicado que el sistema de financiación se basa en cuatro nuevos fondos. El primero es el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos, compuesto por esta aportación de las autonomías y la Administración para garantizar los recursos de los servicios fundamentales. "Este fondo garantiza que habrá una financiación en una misma cuantía per cápita para todas las comunidades autónomas", ha señalado. El segundo es el Fondo de Suficiencia Global, financiado por la Administración central, tiene como objetivo compensar a las comunidades que con el nuevo modelo no obtengan los mismos recursos que tenían hasta ahora.
"Además, se crean dos fondos de convergenmcia autonómica, con financiación estatal, que tienen por objeto reducir las diferencias entre comunidades autónomas", ha explicado. El primero es el Fondo de Competitividad, que trata de incentivar la autonomía financiera de los distintos territorios, y el segundo es el Fondo de Cooperación, que trata de facilitar la convergencia de los distintos niveles de renta de las comunidades autónomas. "Están destinados a las que tienen menos renta per cápita o tienen un menor crecimiento poblacional", ha añadido Salgado.
Críticas al modelo anterior
Durante su comparecencia, la vicepresidenta ha señalado que el nuevo sistema de financiación es el resultado de la "búsqueda de consenso" que se ha plasmado en tres reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera y más de cien reuniones con representantes de las comunidades autónomas.
Además, ha hecho una dura crítica del modelo anterior, aprobado en 2001 y que entró en vigor un año después. "Era de imposible actualización, porque no funcionaba el incremento de la población, salvo en el caso de Baleares", ha dicho. También ha comentado que "el sistema anterior era poco transparente, porque las comunidades autónomas sólo empezaron a saber de qué recursos podían disponer a partir de 2004".
En u opinión, la nueva fómula evita estos problemas porque se quiere actualizar cada año revisando las variables que se utilizan para su funcionamiento, como la población, la dispersión, el envejecimiento, la insularidad, la superficie y el número de niños en edad escolar, entre otros.
Turno para las comunidades
El Gobierno entregará a lo largo de la semana su propuesta a las comunidades autónomas de cara a que expresen sus dudas en un próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará el 15 de julio. "Espero que la respuesta sea afirmativa porque el modelo da respuesta a las necesidades de las comunidades", ha añadido Salgado.
La vicepresidenta no ha profundizado en qué ocurriría si alguna autonomía decide rechazar el modelo, pero ha recordado cuál es el proceso que se seguirá para la aprobación definitiva del sistema: "El Consejo de Política Fiscal lo aprobará y se converitá en un texto legal que tendrá que aprobar el Congreso de los Diputados. Cuando eso ocurra, las comunidades tendrán que decir si se adhieren o no. Pero si no lo hacen, el Gobierno siempre tendrá presente las necesidades de los ciudadanos", según Salgado.