Sobre el diálogo social
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está empeñado en un diálogo social que debería concluir en acuerdos de los sindicatos y la patronal que luego se plasmarían en normas sancionadas por el Congreso de los Diputados. La negociación lleva muchos meses empantanada en las diferencias y nunca ha existido un papel presentado por el Gobierno que hubiera podido servir de base inicial de discusión. Entre tanto, el paro ha alcanzado cifras que han hecho sonar todas las alarmas. Nuestro país figura a la cabeza de la UE en cuanto a destrucción de empleo con la misma facilidad que lideró su creación en años anteriores a la crisis cuando los programas electorales comprometían la meta de lograr el pleno empleo. Es decir, que una vez más se cumplen aquellos versos de José María Pemán en El divino impaciente y "mientras se despeña el río/ se está secando la huerta".
La crisis que vivimos ha terminado con la burbuja inmobiliaria que, con independencia de lo sucedido en Wall Street, era a todas luces insostenible. Entonces llegan los reformadores y señalan la necesidad de terminar con las rigideces del sistema de contratación laboral. Su idea es que en España el empleo está concebido como el matrimonio canónico que une a los cónyuges en las alegrías y en las tristezas, hasta que la muerte los separe. Así también quedan los trabajadores unidos a la empresa contratante hasta que la quiebra los separe.
Señalan que dar empleo es disuasivo por los costes añadidos que entraña y que los empresarios se resisten a tomar compromisos indelebles que para nada tienen en cuenta las vicisitudes de prosperidad o penuria de los negocios que pretenden poner en marcha. Su esquema se resume en la reducción de las cuotas empresariales que deben aportarse a la Seguridad Social y en el abaratamiento del despido, convencidos de que cuanto más barato y sencillo sea el despido mayor será la creación de empleo.
Los datos disponibles no parecen confirmar esa aproximación, según alegan los sindicatos. Para las centrales CC OO y UGT queda claro que las dificultades de proceder al despido se han probado irrelevantes habida cuenta del ritmo que ha seguido en el curso de los últimos 18 meses. Pero los sindicatos reciben la crítica de circunscribir su defensa a quienes se encuentran dentro del perímetro del empleo fijo y más aún del empleo de las empresas públicas donde gozan de una situación excepcional y tienen liberados para la acción sindical incluso incorporados a los consejos de administración.
Entre tanto, han cobrado visibilidad clamorosas desigualdades y se ha comprobado que quienes postulan con mayor vehemencia facilidades y abaratamiento de los despidos lo hacen desde percepciones salariales astronómicas y con blindajes a todas luces abusivos que protegen su inamovilidad por mucho que hayan llevado a las empresas a la ruina.
Los encuentros negociadores se enrarecen y los interlocutores prefieren enmascarar sus intereses. Los representantes de la CEOE se esfuerzan por comparecer en público como los abanderados del empleo, cuando su primer principio es el beneficio, y los sindicatos se presentan como los defensores de los trabajadores, cuando su apuesta favorece sobre todo a quienes forman su círculo más íntimo y se desentiende de quienes están en los escalones más precarios o han caído directamente en la explotación de la economía sumergida.
El Gobierno se reúne primero por separado con las partes para predisponerlas al acuerdo pero cuando luego saltan a la cancha sigue el encuentro como si fuera un espectador del torneo de tenis de Wimbledon. Además de talante en algún momento le hará falta poner en juego talento y hacer gala de convicciones conectadas con los intereses generales. Veremos.
Miguel Ángel Aguilar. Periodista