Nuclenor debe elaborar un plan para desmantelar Garoña antes de 2012
La orden ministerial sobre el cierre de Garoña exige que su propietaria, Nuclenor, presente antes de 2012 un plan preliminar de desmantelamiento de la planta, que deberá autorizar el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) antes de su cierre definitivo, el 6 de julio de 2013. El Gobierno justifica la prórroga de cuatro años que ha otorgado a Garoña en que para desmantelarla es necesario disponer del cementerio nuclear, o ATC.
El Ministerio de Industria difundió el viernes la orden ministerial por la que se acuerda "el cese definitivo de la explotación" de la central nuclear de Santa María de Garoña el 6 de julio de 2013. Tras relatar los argumentos del Gobierno para clausurar la instalación, diseñada para funcionar hasta 2011 (año en que cumple los 40) y que tiene permiso del CSN para funcionar hasta 2019, el texto legal fija las obligaciones que se imponen a su propietaria, Nuclenor, sociedad al 50% Endesa e Iberdrola, hasta su cierre.
Así, con anterioridad al 31 de diciembre de 2011, la compañía deberá presentar ante el Ministerio de Industria "un programa preliminar de las actuaciones" que se deberán llevar a cabo para su desmantelamiento. Por su parte, antes de la fecha de clausura, el ministerio "establecerá, previo informe del CSN, las condiciones a las que se deberá ajustar la actividad de la planta hasta que obtenga la autorización de desmantelamiento". Esta autorización requerirá una declaración de impacto medioambiental.
El titular de la central no podrá dificultar con sus actuaciones el cese definitivo de la misma y se atendrá al calendario de recargas del combustible (como se realizan cada dos años, la última sería la correspondiente a 2011).
La prórroga de funcionamiento por cuatro años, en lugar del cierre inminente prometido por el presidente Zapatero, se justifica por las dificultades para enterrar los residuos radiactivos al no existir aún el prometido cementerio nuclear. La norma alude a la necesidad "de compatibilizar las previsiones del Gobierno respecto a la fecha de disponibilidad de un Almacén Temporal Centralizado (ATC)". Máxime si se tiene en cuenta que Garoña, por ser una central de "agua en ebullición", va a generar más residuos que las demás en su desmantelamiento.
El Gobierno podrá suspender la autorización si las eléctricas incumplen las condiciones que se le imponen para el cese, si ponen trabas al proceso o aportan datos inexactos. También si surgen "factores desfavorables" que lo aconsejen. Nuclenor debe suscribir una póliza de seguros, habitual en estos casos.
El proceso estará tutelado por el Consejo de Seguridad Nuclear y durante el periodo de vigencia de la autorización, la central está obligada a cumplir con los programas de mejora de la seguridad exigidos por este organismo.
La vicepresidenta primera, María Teresa de la Vega, aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el cierre de Garoña es una decisión "política, definitiva e irreversible" y no sólo no supondrá una pérdida de empleo, sino que habrá más puestos de trabajo con el plan económico para la comarca. De la Vega llamó "irresponsable" a Mariano Rajoy por anunciar que revocará la decisión si gana las elecciones. En tres meses comenzarán a tramitarse las subvenciones del 50% anunciadas para inversiones en la zona, que ascenderán a 100 millones.
Las cifras
4.021 GWh es la producción de Garoña, que supone un 1,3% del total nacional.
100 millones es la subvención para la comarca de Garoña y la única cifra ofrecida por el Gobierno del plan de reactivación.
2004 es el año en que se aprobó la construcción de un cementerio nuclear
Endesa e Iberdrola podrán recurrir a la Audiencia
La orden ministerial que fija el cierre de Garoña en 2013, seis años antes de lo autorizado por el CSN, podrá ser recurrida por Endesa e Iberdrola vía contencioso-administrativa en el plazo de dos meses ante la Audiencia Nacional. Y, en caso de no ganar en esta instancia, al Tribunal Supremo.Si el cierre lo hubiese aprobado el Consejo de Ministros a través de un real decreto, a las afectadas les hubiese bastado con acudir al Supremo. En cualquier caso, salvo para la resolución de una reclamación de daños o perjuicios, las empresas podrían no disponer del tiempo suficiente para lograr una revocación de la decisión en los tribunales, ya que la sentencia dilataría probablemente más allá del año previsto para el cierre de la central, 2013.No obstante, quedaría la puerta abierta, tal como ha reconocido el propio Mariano Rajoy, para que el PP, en el caso de ganar las elecciones previstas para 2012, modifique la orden ministerial.Las decisiones que incluye la orden sobre Garoña se han adoptado "evitando cualquier asomo de arbitrariedad", señala. Y recuerda, frente a cualquier recurso, que "las autorizaciones caducan por el cumplimiento del plazo señalado en la propia autorización", recordando la potestad del Gobierno para fijar la política energética.La orden argumenta el cierre, entre otras razones, porque Garoña va a cumplir 40 años, vida que ha determina do la elaboración plan de residuos radiactivos. Además, su escasa producción, el 1,3% del total no repercutirá en el suministro; está amortizada desde 1996 y existe un exceso de capacidad instalada y una apuesta por las renovables. Por su parte, la producción de esta central "puede ser sustituida por medidas de ahorro energético".
