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Declaraciones

Almunia pide una reforma laboral en España, pero sin abaratar el despido

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, ha recomendado hoy a España que acometa una reforma del mercado laboral, pero que no incluya el abaratamiento del despido sino que aborde las causas de la temporalidad "excesiva" y mejore los sistemas de formación.

En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida, Almunia ha asegurado que si la reforma del mercado de trabajo español se plantea a partir del abaratamiento del despido no va a ser aprobada por "nadie".

Para el comisario europeo, España tiene "un mercado de trabajo que ha ido creando de forma enfermiza precariedad y temporalidad, y eso no es una buena base para crecer con valor añadido y productividad".

Respecto la situación económica española, ha señalado que el sector de la construcción supone un "lastre adicional" para la salida de España de la crisis, que pasa, a su juicio, por el ajuste del mercado de la vivienda.

El comisario ha achacado las cifras de desempleo en España a la estructura económica del país y ha añadido que el ajuste laboral español ha sido "más rápido" y se ha anticipado al aumento del paro que están sufriendo otros países europeos.

De cara al futuro, Almunia ha abogado por reflexionar sobre las debilidades del sistema económico español y poner las bases para un crecimiento con "fundamentos más sólidos".

"Estamos en un momento muy difícil pero con la sensación de que lo peor ya ha pasado y que "ya no estamos en caída libre", ha dicho.

Fusiones bancarias "necesarias"

Por otra parte, ha indicado que la Comisión sigue de cerca las posibles fusiones de cajas catalanas, que ha calificado de "necesarias" en el escenario de "tensión" actual y por el tamaño de las entidades, aunque ha incidido en que las reestructuraciones deben de otorgar mayor solidez y solvencia al sistema financiero.

En cuanto a su futuro político, Almunia se ha mostrado muy dispuesto a seguir como comisario económico europeo, aunque ha apuntado que la decisión depende del Gobierno español y de la Comisión Europea.

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