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Tribunales

Trinitario Casanova, citado a declarar hoy ante la juez por manipular el valor del Banco Popular

El empresario y promotor inmobiliario Trinitario Casanova está citado a declarar hoy ante la titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, Concepción Jerez, como imputado por la presunta difusión de noticias falsas para intentar alterar la cotización del Banco Popular al anunciar la venta de su participación del 3,5% a la sociedad "fantasma" Blueprime.

En caso de que no se suspenda el señalamiento, tal y como sucedió los pasados 18 de febrero y 30 de abril, será la primera comparecencia de Casanova ante el juzgado por la denuncia presentada el pasado 7 de noviembre por la Fiscalía Anticorrupción contra el promotor inmobiliario, tras examinar la documentación remitida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Anticorrupción acusa a Casanova de constituir la sociedad "fantasma" Blueprime para simular ante la prensa que inversores mexicanos iban a adquirir hasta el 20% del Banco Popular con la finalidad de inflar el valor de las acciones de la entidad, según la denuncia de la Fiscalía a la que tuvo acceso Europa Press.

Los hechos tuvieron lugar en junio de 2008, cuando la prensa económica informó sobre el inminente lanzamiento por parte de un supuesto grupo inversor mexicano de una oferta pública de adquisición de acciones sobre el Banco Popular, lo que provocó una súbita subida de su valor "no acorde con la evolución del mercado", explica la Fiscalía.

La acción del Popular llegó a subir un 6,7% hasta alcanzar un valor de 9,88 euros, lo que supuso un volumen de negociación de 32,8 millones de títulos, esto es, 4,25 veces más su promedio de negociación en las 30 sesiones anteriores, detalla la denuncia.

La Fiscalía considera que se ponen de manifiesto unos hechos que podrían ser constitutivos de un delito relativo al mercado y los consumidores tipificado en el artículo 284 del Código Penal (CP) en relación con el articulo 287.2.

Casanova se podría enfrentar a penas de prisión de entre seis meses a dos años o multa de 12 a 24 meses por difundir noticias falsas con la intención de alterar los precios, según el artículo 284 del CP.

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