Zapatero busca cómplices para su política fiscal
El presidente del Gobierno ha incluído en el borrador del Pacto Social que ha hecho circular por los medios una buena cantidad de medidas ya anunciadas por él en el Parlamento, pero que precisan de modificaciones normativas. La reducción de Sociedades a las empresas, el fondo de inversión local de 2010 o la reducción de la deducción fiscal por la compra de vivienda, forman parte del contenido del acuerdo que la CEOE y los sindicatos deben firmar. Están incluídos en tal documento para dar contenidos a un acuerdo que carecía de enjundia, en primer lugar. Pero también para que el presidente logre con el sello sindical y patronal el aval político que precisa para llevar a cabo tales reformas sin gran oposición política. Por lo demás, patronal y sidniactos sólo logran arrancar una rodajita más de gasto público, sin poner nada a cambio: medio punto de cotizaciones y prolongar el subsidio seis meses a los parados que agoten la prestación.
El perfil del acuerdo que preparan los sindicatos, la patronal y el Gobioerno, comandado desde la Oficina Económica de Presidencia, es puramente nominal. Parece idóneo para hacerse una foto de trascendencia propagandística, pero carente de contenidos eficaces, o al mnenos de los contenidos que la economía española necesita para salvar la mayor crisis económica que se recuerda. La ambición de los sindicatos y la patronal es ciertamente limitada. Arrancar unos cuantos millones de euros al Estado para salvar la cara ante su clientela, pero evitar entrar en las reformas de las cuestiones que realmente importan. Nada de reforma laboral sobre contratación, determinación salarial, o despidos, y compromisos cerrados para prolongar una pequeña temporada la prestación por desempleo a los parados con seguro que agoten la renta pública, así como una pequeña reducción de las cargas por cotizaciones para las empresas por contingencias profesionales.
El compromiso salarial, al que han sido imcapaces de llegar en el último año, precisamente cuando más necesario era para controlar los costes de las empresas y ahorrar una parte de la sangria de empleo, se limita a estudiar durante seis meses un acuerdo sobre los contenidos de la negociación colectiva, en ningún caso vinculante. Pero no estaría mal que lo que son meras intenciones en el borrador en materia de salarios se convirtiera en un autentico pacto para flexibilizar la negociación colectiva, dar libertad a las empresas para disponer de convenios de empresa, y facilitar los descuelgues este año y el próximo, que es lo que, en ausencia de pacto confederal, están haciendo las empresas en casi todo el país: control de los salarios y de los precios para frenar los daños colaterales de la grave crisis de demanda que asola el país.
Pero el más beneficiado de este acuerdo es el Gobierno. Amén de la parte crematística y propagandística de la foto en Moncloa, que el Gobierno explotará como un autébntico profesional de la política, el pacto podría incluir una retaila de decisiones ya adoptadas por el Gobierno, pero que tienen su dificultad parlamentaria, puesto que precisan de modificaciones normativas. Para ello, y para darle, contenido a un acuerdo vacuo, se ha incluído la rebaja de los impuestos a sociedades, los planes de préstamo del ICO a las pymes, o la limitación de las bonificaciones fiscales por la compra de vivienda a las rentas altas. Pretende así el Gobierno un aval socioeconómico a sus planes, para hacer más digerible el tránsito parlamentario.
¿Han pensado suficientemente la patronal y los sindicatos qué contenidos van a firmar, de qué compromisos se van a hacer cómplices?. ¿Es su labor determinar la política fiscal de los particulares?. ¿Qué contenidos tiene el acuerdo que puedan servir de asidero a los parados sin ningún tipo de protección y con escasas posibilidades de volver a encontrar un empleo?. En el pasado casi todos los acuerdos sociales habían servido para dinamizar la actividad económica, con compromisos en contratación, salarios, despidos, formación e, incluso, inversión. Pero este carece de los mínimos imprescindibles para ser ratificados por organizacione que se consideren realmente representativas de su clientela.