El nuevo mercado energético se abre paso
Culmina el proceso iniciado en 1997 con la entrada en escena de comercializadoras alternativas y la aplicación de la tarifa de último recurso.
La liberalización total del sector eléctrico es, desde hoy, un hecho. Culmina así el proceso iniciado en 1997 y se abre un nuevo escenario con un modelo de organización diferente en el que las compañías distribuidoras se van a dedicar exclusivamente a la gestión de las redes para abandonar la actividad de venta directa de luz a los clientes finales. Por lo tanto, el suministro lo realizarán las empresas comercializadoras y serán los consumidores los que elegirán libremente la que más les convenga en función de las ofertas económicas, así como de los productos y servicios de valor añadido. El cambio afectará a casi 25 millones de hogares y, sobre todo, tendrá especial incidencia en cerca de un 1,3 millones de pequeñas y medianas empresas.
Pero, a pesar de que el 1 de julio debería ser efectiva la competencia real y libre, la mayoría de los clientes desconocen el efecto que tendrá sobre sus bolsillos después de que el Gobierno y las compañías, no con mucho éxito, hayan realizado campañas informativas, "manifiestamente mejorables", según señala alguna fuente del sector, y hayan creado puntos físicos de atención al usuario para explicar el nuevo modelo.
Los que tengan contratada una tarifa inferior a 10 kW, fundamentalmente hogares, apenas notarán los cambios y lo tendrán muy fácil. Quienes quieran buscar ofertas en el mercado podrá hacerlo, pero los que prefieran seguir como hasta ahora se acogerán a la tarifa de último recurso, TUR, que garantiza un precio mínimo al consumidor. Se trata de un precio regulado que el Gobierno ha incrementado en un 2% con respecto a la tarifa actual y que estará en línea con la evolución real del coste de la energía y del coste de los peajes por el uso de las redes de distribución.
La situación será a partir de ahora muy distinta para las pymes. En este caso, con potencias superiores a los 10 kW, quedan al margen de la tarifa de último recurso, por lo que deben dirigirse a alguna de las 27 comercializadoras que actúan en el mercado libre y modificar su actual contrato. Por lo tanto, aquellas medianas y pequeñas empresas que hasta ahora no se hayan puesto manos a la obra para comparar las ofertas de los proveedores y no hayan acordado un nuevo contrato, pasarán a tener un precio transitorio, denominado así para que Bruselas no lo considere como tarifa regulada, similar al que pagan ahora pero con un recargo. Es decir, que teniendo en cuenta el borrador de la orden que regula el procedimiento de cálculo y estructura de la tarifa del último recurso se aplicarán incrementos trimestrales del 5% desde octubre de 2009 hasta el 1 de abril de 2010, lo que supondría una subida acumulada del 15%. Además, entre el 1 de abril y el 1 de julio, la subida prevista sería del 20%. En total se trata de un recargo acumulado del 35% para los que agoten el periodo transitorio. Con estamedida, elMinisterio de Industria ha explicado en varias ocasiones que pretende garantizar una mayor eficiencia energética disuadiendo a las empresas de permanecer con su actual tarifa. No hay todavía datos oficiales sobre cuántas pymes han realizado el cambio, pero todo apunta a que, de momento, el porcentaje no es amplio. De esta manera los movimientos y las estrategias de las comercializadoras tienen como objetivo la captación de estos clientes.
Las cinco grandes, Endesa, Iberdrola, Gas Natural-Unión Fenosa, Hidrocantábrico y Eon, son las que lideran las iniciativas. A su favor tienen la agenda, es decir, una enorme base de datos con nombres y apellidos de los actuales clientes que, no obstante, deben compartir, tal y como les ha obligado el Ministerio de Industria, con los nuevos suministradores. Tarea que parece les cuesta cumplir según pone demanifiesto el expediente abierto por la Comisión Nacional de Competencia (CNC).
"Hemos logrado cerrar 25.000 nuevos contratos con pequeñas y medianas empresas y, a día de hoy, contamos con más de 100.000 pymes en nuestra cartera de clientes", señalaMarisa Valle Viana, directora residencial y negocios de la dirección comercial de Iberdrola, "gracias a la campaña Plan Compromiso Pymes, con descuentos del 12% en la tarifa". Durante este año, la eléctrica quiere incrementar su red de atención al cliente en 50 nuevos puntos en toda España. Además, colabora con más de 450 asociaciones de consumidores y oficinas municipales de información al consumidor para asesorar a los usuarios sobre la apertura progresiva del mercado.
Precios razonables y fácilmente comparables
El proceso liberalizador del mercado eléctrico en España está regulado por ley desde julio de 2007 con la transposición de las normas comunes adoptadas en la Unión Europea para el mercado interior de electricidad.La directiva recoge de manera explícita que los Estados miembros "deberán garantizar a todos los clientes domésticos y, cuando lo consideren adecuado, a las pequeñas empresas, es decir, aquellas que empleen a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocio o balance general anual no exceda de l0 millones de euros, el disfrute en su territorio del derecho del servicio universal, es decir, al suministro eléctrico de una calidad determinada y a unos precios razonables, fácil y claramente comparables y transparentes". Para garantizar esta presentación los Estados designarán un suministrador de último recurso.La ley establece asimismo la obligación de crear las tarifas de último recurso, que son los precios máximos establecidos por la Administración para determinados consumidores, entre ellos domésticos y pequeñas y medianas empresas, para las que se concibe el suministro eléctrico como servicio universal.