La obligada austeridad del Presupuesto
El Gobierno hace cálculos estos días para cuadrar el complejo presupuesto de 2010, cuyo déficit puede alcanzar el 10%. Incluso hay quien vaticina que lo superará, algo razonable a tenor del desgaste de los ingresos tributarios -en mayo, Sociedades cayó un 20%; el IVA, un 30%, y el IRPF, el 14%- y el desbocamiento de los gastos, empujados por las prestaciones del paro y los planes de estímulo público.
Aunque el déficit es un mal generalizado -de hecho, Bruselas no exigirá a los países del euro cumplir con el límite del 3% hasta 2012-, los indicios de que la crisis está tocando fondo justifican que los Ejecutivos, incluido el español, empiecen ya a aprobar medidas serias y creíbles para normalizar la economía. Ello exige ir desmontando las medidas que se han aprobado, en los últimos meses, para apuntalar la actividad, que han consistido sobre todo en inyecciones ingentes de dinero público para compensar la caída del consumo y la inversión privados.
Afortunadamente, el Ministerio de Economía elabora los próximos Presupuestos bajo esta premisa y ya ha reconocido que mantiene abiertas todas las opciones para reducir el déficit. Lo que implica que actuará indefectiblemente en dos vertientes: aumento de los ingresos mediante subidas de impuestos y recorte del gasto. No obstante, pasarán muchos años hasta que regrese el equilibrio a las finanzas públicas, por lo que habrá que acostumbrarse a ver cómo florecen las emisiones de deuda y crecen los costes financieros del Estado.
Pero eso no exime al Gobierno de hacer sus deberes, por impopulares que sean. Y aunque tendrá que buscar formas para aumentar la recaudación, su prioridad debe enfocarse en el recorte de gastos. Por lógica, las primeras partidas sobre las que debe concentrar la tijera son las ligadas a los planes de estímulo, que actualmente suponen unos 24.000 millones de euros. Los planes que manejan son rebajar estos fondos al menos en un tercio, entre 8.000 y 11.000 millones. Hay margen suficiente: plan de obras local, reducción de los 400 euros, cheque-bebé, fondo de dinamización, deducciones por vivienda e, incluso, plan 2000E.
No obstante, el Gobierno ha de ser prudente a la hora de retirar las ayudas, pues la economía continúa apuntalada por la inyección pública y sería peligroso provocar una recaída. Así, cobra sentido que el recorte del gasto no se cargue en exclusiva sobre los planes de estímulo, y el Gobierno haría bien en repensar algunas prestaciones que han proliferado en los años de bonanza y que ahora no se pueden costear. Lo que afecta también a las Administraciones autonómicas, que en gran medida han sido las receptoras de buena parte del aumento del gasto público de los últimos años. Sería necesario que este espíritu de austeridad -que ha de estar presente al menos en el próximo lustro- cale en el largo debate de la financiación autonómica que tendría que cerrarse antes del 15 de julio.