La urgente necesidad del plan de rescate bancario
Si bien bancos y cajas discrepan sobre la implementación del Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB), nadie discute a estas fechas sobre la necesidad urgente de su aprobación como consecuencia del acelerado deterioro del cuadro macroeconómico y de sus efectos sobre los resultados del sector bancario español.
Los efectos de la crisis son muy claros. La morosidad no ha hecho más que crecer hasta situarse en mayo en el 4,5%; el colchón de las provisiones se va consumiendo hasta representar el 58% de la morosidad (frente al 215% a finales de 2007); el ritmo de crecimiento de la actividad ha disminuido drásticamente, creciendo el crédito a una tasa interanual del 3,8%; los niveles de rentabilidad caen de forma acusada, etcétera. Y con las previsiones macroeconómicas más recientes, este sombrío panorama se va a oscurecer aún más, siendo necesario cuanto antes aprobar el plan de rescate de la banca que tantos reclaman (entre otros, el BCE, el FMI, la AEB y la CECA).
La magnitud de la factura que la crisis está pasando sobre el sector bancario español es elevada a tenor de la cifra prevista para el FROB. El anuncio del Gobierno de un fondo con una aportación inicial de 9.000 millones de euros y una ampliación adicional de hasta 90.000 millones más, sitúa la magnitud del fondo en 99.000 millones de euros, que representa el 9% del PIB.
A la vista de los resultados del primer trimestre de 2009, la crisis no está repercutiendo en todas las entidades por igual, dadas las enormes diferencias existentes en los principales ratios bancarios. La evidencia muestra que la herida es más profunda cuanto mayor es el peso del ladrillo en el balance de las entidades, siendo éste el motivo por el que las cajas de ahorros (que tienen 175.000 millones de euros más de créditos en el ladrillo que los bancos) tienen mayores tasas de morosidad (5,05% frente a 3,8% de los bancos) y menores coberturas (51% frente a 66%).
En este panorama bancario, es necesario despejar dudas cuanto antes, conociendo al menos a nivel agregado del sector la magnitud real del problema (llámese los resultados del stress test) y la correspondiente hoja de ruta. De nada ayuda a despejar dudas si se anuncia un día que el FROB está a punto de ser aprobado, cuando el principal impedimento para su aprobación (eliminar el veto de las comunidades autónomas a fusiones entre cajas de ahorros de distintas regiones) está resuelto, y al día siguiente se lee en los medios que el presidente del Gobierno garantiza el derecho de veto autonómico a las fusiones de cajas rescatadas.
La puesta en marcha del FROB debe hacerse bajo la premisa de que hay que evitar que el coste de la crisis lo asuma el ciudadano, lo que conlleva ayudar sólo a entidades con problemas transitorios sin destinar recursos a entidades no viables. Adicionalmente, las ayudas del fondo deben estar condicionadas a la puesta en marcha de planes de reestructuración del sector con objeto de reducir costes y ganar eficiencia. Nadie discute que existe un exceso de capacidad instalada y que, por tanto, es necesario cerrar sucursales y reducir el tamaño de las plantillas. No tiene sentido mantener una red ociosa en un contexto de reducción de la actividad bancaria y de recorte de márgenes y beneficios. Y puestos a cerrar, las primeras candidatas son las casi 6.000 sucursales abiertas desde finales de 2003, de las que casi 4.000 son de cajas de ahorros.
Si queremos que la banca cumpla con su principal labor de intermediación financiando proyectos de inversión rentables, es necesario que fluya el crédito al sector privado y para ello es necesario sanear cuanto antes los bancos con problemas. Si en estas circunstancias no hay más remedio que proponer fusiones, bienvenidas sean, aunque deben ser muy selectivas y no impuestas, dado que la evidencia disponible no muestra que, en general, sean la solución a los problemas.
Sólo cabe añadir una llamada a las autoridades competentes para que se pongan de acuerdo cuanto antes y aprueben ya el plan de rescate de la banca española.
Joaquín Maudos. Profesor investigador del IVIE y de Análisis Económico de la Universidad de Valencia