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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Trichet arropa a Ordóñez en la demanda de reformas

El presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, hizo ayer piña con su homólogo español, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y solicitó al Gobierno español reformas en el mercado laboral. Lógicamente, el banquero francés evitó en su discurso -impartido en Madrid- el encontronazo directo con el ejecutivo de Rodríguez Zapatero y matizó reiteradamente que las reformas, tanto en legislación laboral como en otros mercados, son una necesidad en la mayoría de los países de la zona euro. Sin embargo, tras la lógica cortesía en casa del anfitrión propuso recetas concretas para España. Ahora está por ver si el Gobierno se da por aludido y hace más caso al mensaje si viene desde Fráncfort que si la paternidad se atribuye al Banco de España.

Para empezar, el máximo responsable de la política monetaria del euro barrió para casa e insistió en la necesidad del control salarial para evitar tensiones inflacionistas. No en vano su máxima preocupación es contener los precios y, aunque la crisis económica y el precio del petróleo mantienen el IPC por debajo del objetivo del 2%, Trichet sigue considerando que los riesgos inflacionistas no han desaparecido. Y tiene toda la razón. Cuando el escalón del petróleo remita a partir de julio y el consumo empiece a deshelarse en Europa -y podría notarse ya tras el verano-, es probable que vuelva a repuntar la inflación. Al menos en España, donde el temor a la deflación podría recordarse como un episodio anecdótico.

Además, los riesgos inflacionistas son más agudos en nuestro país, como recordó ayer Trichet, que lanzó un velado, pero certero rapapolvo a la economía patria por mantener unos diferenciales de inflación y de costes laborales por encima de la media europea. Y si estos males lastran la competitividad de las empresas españolas, además ponen en peligro la estabilidad de la divisa comunitaria.

Pero los costes salariales tienen otros orígenes en España, a tenor de las palabras del francés. Algunos sectores -y citó al público y al que no comercia en mercados internacionales- no tienen problemas en subir salarios ante la falta de una competencia que les obligue a la contención. Otro mal que el Gobierno debería atajar con reformas en determinados mercados y en los servicios públicos. La estructura salarial no es lo único que hay que modificar en el modelo laboral español. La rigidez de las condiciones internas son otro hándicap que perjudica la competitividad de las empresas con poco margen para modificar los costes laborales cuando se producen condiciones adversas como las actuales. En este sentido, Trichet recomienda cambios en el sistema de negociación colectiva favoreciendo convenios de empresa -más flexibles por naturaleza- frente a los de ámbitos nacionales. Por último, y precedida de la coletilla "no quiero meter miedo", cargó contra los costes del despido. Pese a la sutilidad de sus palabras, fueron inequívocas. Dijo que el sistema de protección laboral es "oneroso" para las empresas.

Todo lo dicho lo ha planteado ya el gobernador del Banco de España y antes que él muchos expertos que demandan reformas laborales, muchas veces incluso desde estas páginas. Sin embargo, el Gobierno se considera rehén de sus promesas y defiende que no habrá cambios legislativos si no vienen precedidas de pactos entre sindicatos y patronal, lo que parece tan impensable como desafortunado en estos momentos.

La demanda de reformas no se limita a la laboral, sino que se extiende a todos los mercados de bienes, servicios y factores que determinan los costes de las empresas, la productividad de la economía y la competitividad de los productos. Estas reformas son necesarias en toda el área euro, pero algunas lo son con más urgencia en los países que tienen un modelo productivo excesivamente sesgado a actividades con alto componente laboral y de calidad limitada. La reforma laboral no es cuestionable; pero, además, no debe limitarse, como el Gobierno y los sindicatos desean, a ampliar la asistencia a los parados y a compensar con cuatro perras a los empresarios en la cuenta de cotizaciones. La patronal debe analizar rigurosamente si merece la pena ceder a las pretensiones gubernamentales y sindicales para hacer una foto que ampare una carcasa institucional vacía de contenidos, con la sola pretensión política de recomponer un instrumento, el diálogo social, que funcionó en el pasado, pero que difícilmente lo hará ahora si está huero de contenidos.

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