Alimentación

Sos acusa a Salazar de alterar el precio de la cotización

Vía libre a la acción penal contra los Salazar. El Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella presentada por Sos por presuntos delitos de apropiación indebida y estafa por parte de quienes fueron sus máximos directivos. Finalmente, ésta se ha presentado contra ocho personas físicas y 24 sociedades, las sociedades patrimoniales a través de las que operaban los Salazar.

El auto de la querella, con la que Sos trata de determinar las responsabilidad de sus ex dirigentes y recuperar la normalidad en la gestión, recoge detalles que hasta ahora no habían trascendido. Por ejemplo, les acusa de "un delito relativo al mercado" al "haberse alterado o intentado alterar los precios que habrían de resultar de la libre concurrencia en el mercado de los valores emitidos a cotización en las Bolsas de Madrid, Bilbao, Valencia y Barcelona", señala el auto elaborado por el juez Fernando Andreu.

El auto cifra en más de 230 millones de euros el supuesto fraude de los Salazar y señala "la necesidad de comprobar el destino final de los fondos transferidos presuntamente al extranjero y circunstancias derivadas de los negocios celebrados fuera de España que puedan resultar en perjuicio de la sociedad querellante". Algunas de las patrimoniales de los Salazar tienen su sede en Luxemburgo. El auto imputa al ex presidente de Sos, Jesús Salazar, "la falsa presentación de avales (...) en unas letras de cambio que se ponen en circulación en la Ciudad de Ginebra (Suiza) siendo éste el lugar de comisión del ilícito penal al ser el momento en que el documento simulado entra en el tráfico jurídico".

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Estabilidad en peligro

El auto afirma que el presunto fraude afecta a la estabilidad empresarial de Sos. Apunta que Salazar creó "documentos ad hoc para encubrir su responsabilidad" y que no existían las garantías con las que se concedió el crédito a sus patrimoniales.