La oportunidad de una reforma laboral
Gobierno y agentes sociales se afanan estos días en cerrar un pacto que debería contribuir a frenar la fuerte destrucción de empleo. No en vano, en el último año más de un millón de personas han perdido su trabajo y suman ya cuatro millones. En este contexto de diálogo social, se estudia abaratar el coste que supone para las empresas la enfermedad de sus empleados. Actualmente los primeros quince días de baja corren a cargo de la compañía y a partir del decimosexto se hace cargo la Seguridad Social. Aunque todavía no está cerrado el nuevo modelo, se baraja reducir de quince a diez los días que abone la empresa. La medida podría ser suficiente para que la patronal se avenga a plasmar su firma en un acuerdo que Gobierno y sindicatos quieren cerrar antes de que finalice julio.
Sin duda, la solución será un desahogo para muchas empresas seriamente tocadas por la recesión. Desde este punto de vista, es claramente positiva. Por contra, gravará a la Seguridad Social que ya pasó apuros años atrás por dicha carga. Hasta 1992, el Estado abonaba íntegramente la baja desde el primer día, pero la fuerte crisis de aquellos años llevó al Gobierno a sanear las cuentas del organismo trasladando a las empresas el coste. Hoy, la Seguridad Social dispone de mejor salud y tiene margen suficiente en la partida dedicada a la incapacidad temporal para asumir la pretensión de la patronal.
Todo apunta, pues, a que Gobierno y sindicatos darán el visto bueno a la pretensión de la CEOE, lo que allanaría el camino al pacto del diálogo social. Sin embargo, no se debe hacer pasar ese posible pacto como el gran hito de una reforma laboral. Nada más lejos de la realidad. De momento, por la información que ha trascendido, la firma se limitaría a ampliar la protección de los desempleados que agoten sus prestaciones, incluir incentivos a la inversión pública y la rebaja selectiva de cuotas de la Seguridad Social y del coste de las bajas por enfermedad. Y quizá permitir que las ETT intermedien en la contratación laboral. Todas ellas son medidas oportunas, pero no suficientes, ya que no se abordarán reformas legislativas que impliquen una verdadera modificación del mercado de trabajo. Lo cual es una mala noticia.
La gravedad del desempleo, que podría superar el 20% de la población activa el año próximo, exige más que una foto para contentar a la opinión pública. El sistema español de relaciones laborales adolece de rigideces que están incidiendo muy negativamente en el desarrollo de la crisis. La dualidad existente entre trabajadores fijos y temporales es un tremendo lastre. Por ello, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, volvió el martes a solicitar esa reforma, que se antoja imprescindible. No es el único. Y es que si no se avanza en la línea de una reforma valiente y efectiva, se habrá perdido un tiempo preciso y precioso.