Recetas apropiadas para ganar competitividad
El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, desveló ayer su particular análisis del Estado económico de la nación. En el informe anual de la entidad que presentó, analiza las fortalezas, pero, sobre todo, las debilidades de la economía española y desgrana un recetario de reformas imprescindibles para que, cuando la crisis remita, el país pueda aprovechar las oportunidades.
La conclusión certera del gobernador es que el conjunto productivo español tiene que ganar competitividad. Algo que se viene reclamando desde otros muchos foros, incluidas estas mismas páginas. Resta que el Gobierno, pero también la oposición y los agentes económicos, tomen nota y se pongan a trabajar en esa línea. Tanto el análisis como las recomendaciones del Banco de España son realistas y tendría poco sentido que el Ejecutivo adoptase una posición defensiva, como ha hecho en anteriores ocasiones. Tal vez por si acaso, el discurso del gobernador ha suavizado el tono, aunque afortunadamente no el fondo.
Por de pronto el organismo considera que lo peor de la crisis ya ha pasado, aunque el empleo seguirá al alza. Ahora viene la segunda parte: prepararse para la recuperación, lo que significa ir desmontando -cuando la situación económica dé muestras reales de mejoría sostenida- todo el arsenal de medidas extraordinarias. Porque en opinión del Banco de España ya no caben más planes de estímulo fiscal. Por el contrario, ha llegado el momento de presentar una "estrategia creíble" para reducir el déficit presupuestario -que alcanzará el 10% el próximo año- y la deuda pública -que acumulará un 60% del PIB-. Eso, a los ojos del Banco de España, es un drástico cambio de panorama. Y es una opinión apoyable: aunque las inyecciones de gasto público estén justificadas para impulsar la demanda, no pueden perpetuarse.
La subida de los impuestos en carburantes y tabaco, que aportará unos 2.300 millones de euros adicionales de recaudación, es la prueba contante y sonante de que el elevado déficit preocupa seriamente al Gobierno, y no se deben descartar nuevas medidas impositivas. En este sentido, es imprescindible que el Ejecutivo presente lo antes posible ese plan "creíble" que demanda el Banco de España. Será bueno conocer los límites de deuda y déficit que baraja el Ejecutivo y, especialmente, las vías para reducirla: recortes de gastos o/y aumento de ingresos.
Tanto o más importante que corregir el déficit fiscal es acometer reformas que contribuyan a generar competitividad. Como apunta acertadamente el gobernador, es la única arma que le queda al Gobierno para combatir la crisis, una vez agotadas las políticas monetaria y fiscal. Varios son los factores que pueden lastrar la recuperación, según el Banco de España. En primer lugar, el mercado laboral, para el que exige cambios, tanto en las condiciones de trabajo como en el sistema de contratación. Pese a que en esta ocasión evita referencias a los costes del despido, esta recomendación no pierde validez. Cada vez es más patente que urge una reforma laboral en España, por lo que el Gobierno está obligado a acortar los plazos del diálogo social para cerrar de una vez un pacto, del que, por cierto, no debe sentirse cautivo. Sí exige un gran pacto, esta vez político, la reforma del sistema educativo. El Banco de España se sumó ayer a las voces que demandan con razón mejoras urgentes en este campo. Será la manera de encarrilar la economía por la senda de la competitividad.
Pero la lista de rémoras que atenazan la competitividad española es larga. Fernández Ordóñez demanda de nuevo reformas en mercados de servicios. En concreto, en el sector energético, las telecomunicaciones y el transporte ferroviario. No son los únicos, pero acierta al considerar su alta influencia sobre el resto del tejido productivo. Un abaratamiento en estos servicios supondrá una sustancial mejora para las empresas.
El gobernador hace bien en alertar sobre la necesidad de reformas también en el sector financiero, cuyo buen funcionamiento es básico para cualquier economía. Son cambios que se avecinan ante la fuerte morosidad y la caída de la actividad. La racionalización de unas estructuras sobredimensionadas y la reducción de capacidad -lo que debe entenderse como procesos de fusiones- son inevitables. Y para ello, el Gobierno debe despejar interferencias indeseables y apoyar a aquellas entidades que demuestren su viabilidad.
