Regulación

La ley de servicios limita el requisito de autorizaciones para dinamizar el sector

El Gobierno dio el viernes luz verde a la reforma de medio centenar de leyes reguladoras del sector servicios, para adaptarlo a la normativa europea y mejorar su competitividad. El Ejecutivo espera mejoras del PIB superiores al 1% y hasta 200.000 empleos nuevos gracias al nuevo marco normativo, que debe estar listo antes de que acabe el año.

El Consejo de Ministros alumbró el viernes el segundo paso de la mayor reforma del sector servicios de la democracia. El proyecto de la denominada ley omnibus, pendiente ahora de tramitación parlamentaria, supone la adaptación de casi medio centenar de leyes estatales a la Directiva Europea de Servicios y a la ley paraguas, ya en el Congreso y que sirve de guía a todas las administraciones para la nueva regulación.

Al margen de la obligatoriedad de transponer las directivas comunitarias, la reforma busca mejorar la competencia y la eficiencia del sector secundario, que acapara alrededor de dos tercios de la actividad y el empleo de España. Según el Gobierno, la nueva regulación permitirá elevar la productividad del sector (especialmente intensivo en empleo) y acabar con el sempiterno diferencial alcista de la inflación de los servicios respecto al índice general de precios.

Como explicó el viernes la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, el leitmotiv de la reforma es dejar atrás "la cultura de autorizaciones para todo". Así, en lugar de esperar a la aprobación administrativa del inicio de la actividad, se extenderá el uso de las declaraciones por parte del prestador de servicios, constatando que conoce los requisitos y la normativa de la actividad. A efectos de compensar el posible impacto en la calidad del servicio de esa mayor facilidad de entrada, se extenderán las labores de inspección, y se impondrán sanciones a quienes realicen declaraciones fraudulentas.

Hacia la simplificación de los procedimientos se dirigen también medidas como la expansión de los trámites telemáticos, la supresión de las autorizaciones provisionales y la unificación de los trámites de apertura y funcionamiento. Además, el Ejecutivo pretende extender el silencio positivo como norma general (es decir, la autorización se considerará otorgada cuando la Administración no responda en plazo.

La reforma, que finalmente no afectará al comercio, sí incluye una nueva regulación de los servicios profesionales (ver sección de Empresas), destinada a derribar barreras de entrada. La adaptación a la normativa europea supondrá, según el Ejecutivo, una oportunidad para que las pymes de servicios puedan internacionalizar su actividad.

La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, afirmó el viernes que la de los servicios "es seguramente la principal reforma estructural" que realizará el Ejecutivo. Según sus cuentas, la eliminación de barreras de entrada y la supresión de trámites innecesarios llevarán a un impulso de la actividad de los servicios equivalente a 1,2 puntos del producto interior bruto, y servirán para crear entre 150.000 y 200.000 nuevos empleos. Además, el Ejecutivo espera mejoras de alrededor del 1% en variables como la productividad, el consumo o el salario real, impulsado por la moderación de los precios.

Marea de cambios legales para rebajar las barreras de entrada

La conocida como ley omnibus supone un amplísimo paquete de reformas legislativas, que alcanza a 47 leyes estatales. Según el Ejecutivo, cuando entre en vigor se suprimirán 16 regímenes de autorización previa de la Administración, y otros 32 pasarán a sustituirse por comunicaciones previas o las llamadas "declaraciones responsables" realizadas por el prestador del servicio. El objetivo es reducir barreras y costes de entrada en la actividad económica, una de las taras del sistema español denunciada en numerosos informes de organismos internacionales, como la OCDE. La ley omnibus eliminará además hasta 111 requisitos u obstáculos que hasta ahora restringen "de forma innecesaria o desproporcionada" la puesta en marcha de actividades, y otros 11 se sustituirán por otros "menos restrictivos". Finalmente, se extenderá a todo el territorio nacional la validez la 22 autorizaciones que hasta ahora regían sólo para cada comunidad autónoma.

Objetivo: limitar el diferencial de inflación con los precios generales

Además de transponer la directiva europea, una exigencia legislativa de la Unión, la reforma de los servicios impulsada por el Gobierno tiene como objetivo ganar "eficiencia, empleo y productividad", según destacó el viernes la vicepresidente primera, María Teresa Fernández de la Vega. Detrás de ese deseo subyace la constatación de una endémica falta de competitividad en el sector terciario español. La evolución de los precios habla bien a las claras en este sentido: según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el índice de precios de consumo cayó en mayo una décima, y nueve en tasa interanual. Mientras, la inflación de los servicios alcanzó 2,5 puntos en términos interanuales, después de subir 1,1 en un solo mes. Desde que España entró en la Unión Europea, en 1986, los precios industriales se han visto contenidos fruto del aumento de competencia internacional. El turno del sector terciario podría llegar ahora.

Principales cambios por actividad

Industria. Se sustituyen las autorizaciones por declaraciones responsables en la instalación de gas, calderas o frigoríficos. Además se eliminan requisitos ¢desproporcionados¢, como exigir un local de 25 m2, especificar que ciertos operadores deben estar contratados a jornada completa o exigencias de coste excesivo de contratación de seguros y que afectan fundamentalmente a las pymes.

Energía. Se sustituyen cuatro regímenes de autorización previa por comunicaciones de inicio de actividad: comercializadores de energía eléctrica, de productos petrolíferos (al por mayor), de gas licuado a granel (al por menor), y de gas natural). Se sustituyen los registros de operadores por listados publicados en Internet.

Telecomunicación. Se sustituye la autorización para la prestación de servicios de instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación por una declaración responsable.

Transporte. Se eliminan los regímenes de autorización de estaciones de transporte de carretera y para el arrendamiento de vehículos sin conductor. Se suprime la autorización previa a las actividades ferroviarias auxiliares no prestadas por ADIF como el acceso a la red de telecomunicación, el suministro de información complementaria y la inspección técnica.

Servicio postal. Se sustituye la autorización para la actividad de servicios postales fuera del Servicio Postal Universal por declaración responsable, y la inscripción en el registro pasa a realizarse de oficio y renovarse automáticamente.

Medio ambiente. Se eliminan ocho regímenes de autorización y se suprimen la reserva de la actividad a los españoles en materia de caza y pesca y ciertas limitaciones territoriales.

Vivienda. Se sustituye la acreditación oficial para entidades de control de calidad de la edificación por una comunicación de inicio de actividad.

Las cifras

64% Peso de la actividad de los servicios sobre el producto interior bruto de España a finales del año pasado. Sólo dos años atrás, el porcentaje no superaba el 60%.

69% Peso de los servicios sobre el empleo total. Se trata de un sector intensivo en empleo y con limitada productividad.