El espectro radioeléctrico
El pasado mes de septiembre, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio finalizó la consulta pública sobre el uso de la banda de frecuencias 2.500 a 2.690 MHz y sobre las posibles nuevas modalidades de explotación de las bandas de frecuencia de 900 MHz, 1.800 MHz y 3,5 GHz. Desde entonces han tenido lugar cambios significativos en materia de gestión y asignación del espectro que, indudablemente, afectarán al entorno competitivo y a la tipología de servicios que caracterizan al mercado de comunicaciones electrónicas móviles.
Aspectos tales como la asignación de las bandas de 790-862 MHz a los operadores móviles, la introducción de los conceptos de neutralidad tecnológica y de servicios, así como la aparición de un mercado secundario del espectro pueden contribuir de forma decisiva a aumentar la penetración de servicios de banda ancha móvil. De este modo se crean las condiciones para aumentar la penetración de la sociedad de la información en ámbitos geográficos donde económicamente no resultara atractivo el despliegue de infraestructuras fijas. A la vista de lo anterior, se plantean cuestiones nada triviales y de difícil solución sin un análisis previo.
¿Resulta más eficiente la prestación del servicio universal con una red móvil en lugar de con una fija? ¿Hasta qué punto los servicios de banda ancha móvil pueden llegar a convertirse en sustitutos o en servicios complementarios de los servicios de banda ancha fija? ¿Qué mecanismos de licitación y de adjudicación de licencias resultan más eficientes, las subastas o los concursos públicos? ¿Cuáles serían las implicaciones sobre los análisis de mercados y sobre los precios de los distintos servicios regulados?
La respuesta a este elenco de preguntas exige una valoración de las distintas bandas de frecuencias donde se tenga en cuenta no sólo el comportamiento de la demanda, sino también el valor de los distintos servicios, las inversiones asociadas a las mismas y el impacto sobre la competencia en los distintos mercados afectados. Podemos concluir que la asignación de frecuencias es la primera herramienta regulatoria para garantizar una competencia efectiva y sostenible basada en el despliegue de infraestructuras propias, y sin lugar a dudas, su asignación debería tener un impacto directo sobre los análisis de mercados y sobre la imposición de obligaciones ex ante.
Por tanto, la asignación de frecuencias debería responder a una estrategia común dirigida a favorecer la inversión y la innovación sin que se produzca un detrimento de la competencia ni un deterioro del valor del mercado de los operadores de telecomunicaciones, que sucederá si se les imponen obligaciones demasiado onerosas cuyos efectos sobre la sociedad, sobre la economía y sobre su productividad serían negativos o, al menos, muy cuestionables.
Desde una óptica económica es fundamental analizar si la asignación a los operadores móviles de las bandas liberadas al producirse el apagón analógico en abril de 2010 representa una compensación por determinadas tasas o ciertamente constituye la única alternativa económicamente viable para garantizar una competencia efectiva en infraestructuras que favorezca la penetración de la sociedad de la información. En este caso se plantea un interrogante al que se debería responder: ¿por qué esperar hasta 2015?
Antonio García Zaballos. Gerente de la industria de tecnología, medios y telecomunicaciones de Deloitte