La eliminación del visado colegial frena la aprobación de la nueva Ley de Servicios
El anteproyecto de la llamada ley ómnibus que impulsa Economía y que modificará 46 leyes para adaptarse a la norma que transpone la directiva de servicios prevé eliminar los visados obligatorios. La medida afecta a los colegios técnicos, que defienden la función de servicio público del documento y que aseguran contar con el apoyo de algunos ministerios. Las discrepancias han hecho que el Consejo de Ministros de hoy no revise la norma tal como estaba previsto.
Debería haber estado en el orden del día de la reunión del Consejo de Ministros del 29 de mayo, pero finalmente no apareció. El pasado domingo la ministra de Economía, Elena Salgado, anunció que la ley ómnibus para eliminar "las trabas administrativas del sector servicios, de la administración y de la Justicia" se aprobaría en el Consejo de Ministros de hoy.
Sin embargo, los ministros del Gobierno tampoco tendrán hoy sobre la mesa el anteproyecto de la ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (cuyo proyecto se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria). La norma, que supondrá en la práctica la modificación de un total de 46 leyes de ámbito estatal y a la que seguirá la modificación de más de 120 decretos leyes, tenía hasta el momento, carácter de urgencia. Tanto, que fuentes cercanas al Consejo de Estado reconocen que tuvieron poco tiempo para emitir su dictamen. Pero sí dejaron constancia en su resolución de que el contenido del anteproyecto estaba excediendo el ámbito de la transposición de la directiva de servicios y que, puesto que tales reformas no vienen impuestas por ella, debería considerarse posponer la norma para cometer "un debate más reposado y una ponderación más sosegada de los intereses en juego".
Fuentes de Unión Profesional, la organización que representa a las profesiones colegiadas, aseguran que no son capaces de comprender los retrasos que se están produciendo en la tramitación de la norma. "Nos sorprende teniendo en cuenta el ritmo con el que estaba siendo gestada. De ahí que deduzcamos que el Gobierno está teniendo en cuenta las palabras del Consejo de Estado ligadas a los riesgos de actuar con precipitación".
La memoria de análisis del impacto que acompaña a la norma explica que la reducción de pagos por visado "será un ahorro para los profesionales y sus clientes (en función de la capacidad de aquellos de trasladar su coste a estos últimos), con incidencia directa en el ejercicio profesional". Pero los afectados están disgustados con la medida, que consideran nefasta. "Si desaparece el visado obligatorio, ¿quién va a garantizar la calidad y seguridad de los proyectos de ingeniería que se pongan en práctica?", se pregunta Jesús Rodríguez, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Algo parecido opina el presidente del Consejo General de la Arquitectura, Carlos Hernández Pezzi, quien afirma contar con el respaldo en contra de la eliminación del visado obligatoria tanto por parte del Ministerio de Vivienda como por la Femp (Federación española de municipios y provincias), que consideran imprescindible el control de seguridad que proporciona el visado.
Eso, al margen de la reducción de ingresos que supondrá para los colegios técnicos la desaparición del visado obligatorio (la norma prevé la existencia del servicio para visar los trabajos de quienes lo soliciten expresamente). "Sin visados la supervivencia es difícil", explica Hernández Pezzi. Para Unión Profesional, "el control universal de los profesionales ejercientes (por deontología, por ejemplo) y el visado son dos requisitos básicos para el desempeño de las funciones atribuidas a los colegios profesionales. Un mal profesional, de poder elegir, no se colegiaría y eso repercute en el buen profesional y en el ciudadano. El visado es un servicio público y el hecho de que vise el colegio profesional es parte de ese servicio público".
Por eso los representantes de los profesionales colegiados concluyen que "la reforma que propone el Gobierno a través del anteproyecto de ley ómnibus requiere diálogo, reflexión y estudios en los que fundamentar las decisiones. Si no, se va a una política del prejuicio o de la intuición".
Las cifras
1 millón de profesionales colegiados son los afectados por la reforma del marco regulatorio de la norma de acceso a las actividades de servicio y su ejercicio.8,8% es el número de profesiones que existen en España con colegio profesional, contando los de creación estatal y autonómica.87 es el peso que tiene el conjunto de las profesiones colegiadas en el total del PIB.