Jaúregui cree que el Gobierno aprobará una prórroga de la actividad de Garoña
El candidato número 2 del PSOE a las elecciones europeas Ramón Jaúregui ha vaticinado hoy que, si el Consejo de Seguridad Nuclear considera que la prolongación de la vida de la central de Garoña (Burgos) no genera riesgos, probablemente el Gobierno decidirá que siga con su actividad.
En una entrevista en Radio Euskadi, Jaúregui ha considerado que el informe del Consejo determinará, posiblemente, que la central aún es segura y "dará el visto bueno a la prolongación de su actividad", si "no hay ninguna causa que justifique el cierre".
De esta forma, al evidenciarse que "no hay ningún atisbo de duda" sobre la seguridad de la planta, la decisión en torno a Garoña será "más política" que técnica y, ante las alternativas que puede plantearse el Gobierno de Zapatero, Jaúregui ha opinado que se decantará por "un plazo de cierre más prolongado".
Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, abogó hoy por mantener operativa la central nuclear de Santa María de Garoña si el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) es favorable, porque "no podemos permitirnos el lujo de prescindir de ninguna fuente de energía".
Así lo puso de manifiesto Méndez en una entrevista en Punto Radio, donde indicó que "hay que mantener el mix energético" en las circunstancias actuales de "altísima dependencia energética", especialmente en el gas y el petróleo.
La vida útil de Garoña expira en julio, mes en el que el Gobierno deberá decidir si autoriza o no la prórroga de diez años en la explotación solicitada por su propietaria Nuclenor -participada al 50 por ciento por Endesa e Iberdrola-.
Asimismo, el secretario general explicó que las políticas de empleo vinculadas a la formación deben tener una "mirada hacia el futuro cambio de modelo productivo" para no volver a vivir situaciones como la actual.
En este sentido, la Comisión Europea anunció ayer que quiere adelantar los 19.000 millones de euros del Fondo Social Europeo, dentro del cual España tiene asignados 8.000 millones entre 2007 y 2013, por lo que unos 2.200 millones se verían afectados por la propuesta.
Además, Méndez previó que el ochenta por ciento de los empleos en España deberán ser cualificados en 2015 porque, de lo contrario, "el país estaría en una mala situación".