El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear delibera si indulta a Garoña
El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) inició ayer las deliberaciones, que se pueden prolongar sólo hasta mañana, sobre el futuro de la central de Garoña. Si el informe de este organismo propone su cierre, se consideraría vinculante. De lo contrario, el Gobierno tendrá un mes de plazo para tomar una decisión definitiva.
Por horas, la actividad de los partidarios de que la central de Santa María de Garoña siga funcionando más allá de su vida útil de diseño, establecida en 40 años, está resultando desenfrenada. A tan solo un día de que el pleno del CSN emita su informe sobre el futuro de esta planta, que comparten al 50% Endesa e Iberdrola a través de Nuclenor, los variopintos lobbies están quemando los últimos cartuchos: desde colectivos con intereses en la industria auxiliar, hasta organizaciones sociales y políticos, o los sindicatos que defienden el empleo en la central.
El pleno del Consejo que preside Carmen Martínez Ten, y que completan Francisco Fernández (propuesto, al igual que la presidenta, por el PSOE); Antonio Colino y Luis Gámir (ambos del PP) y Antonio Gurguí (CiU), debe emitir su informe recomendando la continuidad o no de Garoña. Si este organismo propone el cierre, su decisión tendrá carácter vinculante. Por el contrario, si considera que, atendiendo a razones de seguridad, puede seguir funcionando, será el Consejo de Ministros el que tenga la última palabra, en el plazo máximo de un mes (el 5 de julio). Atendiendo a los preceptos, Nuclenor presentó en julio de 2006 la solicitud de renovación del permiso de explotación por otros 10 años.
Además de la fecha de caducidad, que figura en las especificaciones técnicas del fabricante (todos marcan 40 años), las ocho plantas atómicas que funcionan en España deben superar una especie de ITV obligatoria cada 10 años. Se da la circunstancia de que Garoña ha de superar dicha inspección este mes y que en dos años (2011) cumplirá los 40. El de Garoña es el reactor más antiguo del parque nuclear español, el último superviviente de los de primera generación (categoría que compartía con las ya clausuradas Vandellós I y Zorita) y uno de los dos de agua en ebullición (el otro es Cofrentes).
La incógnita sigue abierta y nada se descarta. Según fuentes solventes, Moncloa sigue pidiendo informes a distintos interlocutores, como la CEOE o la propia Nuclenor. No se descarta que, si el informe del Consejo es propicio a su continuidad, el Gobierno opte por una solución intermedia. Como poco, que el cierre no se produzca hasta dentro de dos años (cuando cumple los 40); que se amplíe la vida más allá de esa fecha, pero no por 10 años, o que se imponga algún tipo de condición. De hecho, el cierre inmediato de Garoña supondría un problema para Enresa, que no tiene recursos para desmantelar esta central y, a la vez, la de Zorita.
Endesa e Iberdrola tienen preparada ya su respuesta para el caso de que se decrete el cierre o se impongan requisitos que no consideren asumibles (¿un impuesto?). Aunque la primera guarda silencio, Iberdrola ha desvelado que, en caso de clausura, una de las posibilidades que baraja Nuclenor es reclamar al Gobierno una indemnización en los tribunales de 1.000 millones de euros. Una cantidad que, según estas empresas, es la que les queda por amortizar de la inversión realizada.
Fuentes del sector rechazan este dato, y recuerdan que la liberalización del sector eléctrico incluyó una compensación para las centrales construidas con anterioridad a la aprobación de la Ley Eléctrica (1997) traducida en los llamados Costes de Transición a la Competencia (CTC). De dicha compensación, más de 6.000 millones se destinaron a las nucleares, por lo que la inversión estaría sobradamente recuperada.
Pese a que el último Gobierno del PP decretó el cierre de Zorita, el actual presidente del partido, Mariano Rajoy, se ha mostrado a favor de la continuidad de Garoña. El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, aseguró ayer que el cierre de Garoña supondría un alza de los precios de la electricidad.
Un falso símbolo del futuro
Hay quien asegura que la decisión que el Gobierno adopte sobre Garoña es un precedente sobre el futuro que le espera al resto del parque nuclear español.Los datos echan por tierra esta tesis. Porque, si así fuera, Zorita, cuyo cierre (que pasó sin pena ni gloria, quizás por el menor poder de su propietaria, Unión Fenosa), fue decidido por el Gobierno del PP, debería ser el verdadero precedente. Además, hasta dentro de 11 años (ver gráfico) no caduca la vida útil de otra: Almaraz I y II, que cumplirán entonces 40 años. Por tanto, será un Gobierno distinto (sea del PSOE o del PP) el que tome para entonces la decisión.Además, el peso de Garoña, tanto por su capacidad (sólo tiene 466 MW, frente a los 1.000 MW de las siete nucleares restantes), como de la producción es reducido. La central burgalesa propiedad de Endesa e Iberdrola (que tienen el 60% de la capacidad nuclear en España) supuso el 1,4% del total de generación.