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Moncloa reconoce que las tasas de RTVE pasarán al consumidor

El Gobierno admite la posibilidad de que las telecos trasladen a los consumidores el coste de la nueva tasa para financiar a RTVE. No obstante, argumenta que las hipotéticas subidas serán mínimas frente a los servicios gratuitos de RTVE que recibirán los ciudadanos.

El Gobierno reconoce que la nueva tasa que gravará el 0,9% de los ingresos brutos de las operadoras de telecomunicaciones para sufragar a RTVE puede, finalmente, traducirse en un aumento de la factura de teléfono e internet para los consumidores. Así lo advierten la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y el Consejo de Estado en sus respectivos informes sobre el proyecto de ley de financiación de la radiotelevisión estatal. Y así lo admite el Ejecutivo en las consideraciones de respuesta a la CMT.

En este documento de 25 páginas, elaborado por el Ministerio de la Presidencia, se subraya que los efectos de la nueva tasa sobre los precios en servicios de telefonía que pagan los ciudadanos depende "directamente de la voluntad de los operadores", que cuentan con un amplio margen en este ámbito. Así, recuerda que las telecos ya repercuten sobre los usuarios los costes de sus campañas de publicidad (que han pasado de 720 millones en 2004 a 1.277 millones en 2007); de las subvenciones que aplican a los terminales (1.637 millones sólo en el año 2008); o los costes de las campañas de captación de nuevos clientes y de ofertas para evitar la fuga de sus propios usuarios.

Por este motivo, no descarta que la nueva tasa suponga un incremento de la factura para el consumidor pero considera que el impacto por línea anual "sería mínimo" frente a los contenidos de servicio público que recibirán los ciudadanos de mano de RTVE, con seis canales por TDT, cinco emisoras de radios, servicios en internet y canales por móvil.

En todo caso, da a entender que no sería inteligente que las telecos subieran los precios cuando éstos son "mayores que en el resto de países de la UE o de la OCDE".

El Departamento que dirige la vicepresidenta Fernández de la Vega también se refiere al riesgo de que las operadoras congelen sus inversiones al sufrir una merma en sus ingresos. El Gobierno apunta que las inversiones están vinculadas a los planes estratégicos de cada empresa y no a las partidas de otros gastos de explotación, como es el caso de la nueva tasa. "Las cifras acumuladas demuestran que mayores ingresos no generan, necesariamente, mayores inversiones", precisa.

Aclara, además, que el pretendido impacto de la tasa sobre las cuentas de resultados de las operadoras no es determinante dada su cuantía (las 'telecos' aportarán 230 millones anuales) y teniendo en cuenta que se excluyen los ingresos mayoristas y los internacionales.

Discrepancias entre el Consejo de Estado y la CMT

La CMT y el Consejo de Estado coinciden en gran parte de sus observaciones a la nueva financiación de RTVE. Sin embargo, discrepan en un punto sustancial: la adecuación de la nueva tasa sobre las operadoras de telecomunicaciones a la normativa comunitaria.

El regulador sectorial considera que el nuevo gravamen se impone a todos los operadores de comunicaciones electrónicas "por el mero hecho de ser operador", algo que va en contra del Derecho comunitario y de las tasas administrativas que éste permite imponer.

Sin embargo, el Consejo de Estado, en línea con la argumentación del Gobierno, considera que la nueva figura tributaria no puede ser calificada de canon o tasa a los efectos previstos en la normativa de la UE y recuerda que lo que la jurisprudencia ha declarado contrario al ordenamiento comunitario es la exigencia a un operador del pago de dos tasas por una misma licencia. A su juicio, el nuevo gravamen es "una exacción que tiene perfiles singulares, cercanos a los de las transferencias coactivas, desvinculada de la actividad administrativa de gestión del sistema de autorización" y que, por tanto, no entra dentro de los supuestos que prohíben las directivas comunitarias.

En esta polémica, el Gobierno recuerda que tiene facultad para crear nuevas tasas a las empresas siempre y cuando lo haga de una manera "objetiva, transparente y proporcional, que minimice los costes administrativos y las cargas que se deriven de ellos".

El Ejecutivo también defiende su modelo y argumenta por qué no ha optado por imponer un canon a los ciudadanos por el uso de la televisión, como en otros países. "Se ha optado por un modelo en una decisión de oportunidad política que corresponde al Gobierno de la Nación".

Efectos inciertos sobre el mercado publicitario

La CMT y el Consejo de Estado no tienen claro que la supresión de los anuncios en RTVE vaya a dinamizar el mercado publicitario y a facilitar ingresos adicionales a las privadas.

Los dos organismos creen que la eliminación brusca de la publicidad en el grupo público distorsionará el mercado publicitario, que se contraerá y en el que los precios subirán.

Sin el incentivo de la publicidad, RTVE podría desatender el interés de la audiencia y guiarse por criterios "excesivamente burocráticos".

El fin de la publicidad en RTVE podría reducir en un 4,89% el total de la inversión publicitaria. Las privadas, para captar la parte liberada por la corporación, tendrán que subir los precios de los anuncios.

El Gobierno, sin embargo, prevé que las televisiones se hagan con el 80% de la cuota publicitaria de RTVE (400 millones) y espera que la presión de los 113 mayores anunciantes (incluidas las principales telecos) impida un aumento de las tarifas publicitarias.