Los sindicatos quieren activar las garantías laborales de Izar
Los sindicatos tienen previsto pedir mañana a la SEPI que active las garantías laborales pactadas en 2006 para los trabajadores de Izar ante las dificultades de los astilleros de Gijón, que ha solicitado concurso de acreedores, y Sevilla.
La comisión de seguimiento de la privatización de Izar se reúne mañana por primera vez en casi un año. Y en esta ocasión, la reunión no será un mero trámite. Los representantes de CC OO y UGT transmitirán a los responsables de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) su preocupación por la situación que atraviesan dos de los centros del antiguo grupo público de astilleros que se vendieron en agosto de 2006 (Gijón y Sevilla) y exigirán la activación de las garantías laborales que se pactaron en su día, avanzaron en fuentes de las centrales sindicales.
Un acuerdo por el que la SEPI se comprometía a garantizar un puesto de trabajo hasta 2016 a toda la plantilla de los centros de Izar enajenados o, en su defecto, salidas indemnizadas o prejubilaciones en las mismas condiciones que los trabajadores que se vieron afectados por la liquidación de Izar y la creación de Navantia a finales de 2004.
Situación preocupante
La situación actual de Factorías Juliana, la antigua Izar Gijón, abre la vía a la aplicación de estas salvaguardas. El pasado viernes, el 29 de mayo, la empresa presentó concurso de acreedores en los juzgados de lo Mercantil de Oviedo ante la imposibilidad de hacer frente a sus compromisos de pago "por los problema surgidos en la construcción de los buques sísmicos, principal carga de trabajo del astillero en los últimos años, y por dificultades financieras agravadas por la actual crisis", señalaron desde la viguesa Factorías Vulcano, propietaria del centro.
"La presentación del concurso pretende asegurar el cumplimiento de sus obligaciones de forma ordenada, en el marco de un plan de viabilidad que garantice el mantenimiento de la actividad de construcción naval" en el centro, añadieron desde Vulcano.
La empresa no quiso dar detalles sobre la deuda que acumula Juliana al estar el procedimiento pendiente de admisión a trámite, aunque aclaró que no tiene deudas laborales pendientes, "ni de nóminas ni con la Seguridad Social". Las centrales hablan de más de 50 millones de euros de deuda.
Las fuentes sindicales consultadas afirmaron que el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón han dado garantías de que hay una "hoja de ruta" prevista para garantizar la continuidad del astillero. Para ello se negocia la entrada de nuevos accionistas, lo que exige que el visto bueno de la SEPI. Entre los candidatos, los astilleros asturianos de Armón y Gondán o, incluso, algunos de los acreedores de Juliana, como Maesa, que podrían entrar en la planta como accionistas. De activarse las garantías, podrían prejubilarse unos 110 de los 150 trabajadores fijos del centro. Tras su salida, la plantilla de Juliana se reduciría al centenar de empleados, sumando a las 40 personas que hay que recolocar de la desparecida Naval Gijón y a parte de los trabajadores que ahora tienen un contrato por obra.
Los sindicatos también están preocupados por el futuro de las antigua Izar Sevilla, dados los serios problemas financieros de Astilleros de Huelva, que controla el 80% de la factoría, y el agotamiento de su cartera de pedidos.
Las salvaguardas pactadas en 2006
Responsables de los sindicatos UGT y CC OO y directivos de la SEPI pactaron en noviembre de 2006 unas garantías laborales para los trabajadores afectados por la liquidación de Izar.Estas salvaguardas prevén que el holding público garantice una oferta de empleo alternativo a los trabajadores de estos centros durante 10 años en caso de despido improcedente, ERE o declaración de concurso de acreedores de las empresas que compraron las fábricas.Si se activan las garantías, los mayores de 52 años podrán prejubilarse y el resto optará a un trabajo alternativo, la recolocación en Navantia o una indemnización.